Desde 2007, Mendoza tiene vigente la ley 7722, que impide la minería metalífera en la provincia. Una ley que puede ser modificada y hasta derogada, es sólo cuestión de convicción y decisión política.
8/1/19
Minería en MENDOZA, ¿quién decide su futuro?
Desde 2007, Mendoza tiene vigente la ley 7722, que impide la minería metalífera en la provincia. Una ley que puede ser modificada y hasta derogada, es sólo cuestión de convicción y decisión política.
¿Quiénes
deben decidir el futuro de la minería metalífera en Mendoza?
Con seguridad
absoluta, el futuro de la minería en Mendoza no debiera depender de un post en
las redes sociales, de un slogan en una pancarta o impreso en una remera.
Votamos a
nuestros legisladores y les otorgamos el derecho de hacer y deshacer las leyes.
Podemos estar o no de acuerdo con sus dictámenes, pero los tenemos que aceptar…
ellos son nuestros representantes. Así funciona. Y si no nos gusta lo que hacen,
podemos votar mejor la próxima vez.
Y la
Legislatura encaró el tema…
A fines de
septiembre, ingresó a la Cámara de Senadores un proyecto de modificación de la ley
antiminera mendocina, una iniciativa que llevó la firma del legislador opositor Alejandro Abraham. Las
modificaciones propuestas, si bien insuficientes para atraer la inversión
minera a la provincia, eventualmente permitirían concretar algún proyecto
minero avanzado.
A principios
de octubre otro senador opositor, Juan Antonio Agulles, presentó el proyecto de Ley “Parques Industriales Mineros Controlados”,
con la intención de reactivar la minería, principalmente en el Departamento de Malargüe.
“Básicamente
el proyecto es la creación de parques Industriales Mineros Controlados, dentro
de las zonas que tengan potencial minero…” El legislador aclaró que no ha
propuesto ninguna modificación a la ley 7722 “que seguiría vigente, fuera de
los parques mineros…”.
Como era de
esperar, todos coincidieron en la necesidad de diversificar la matriz
productiva de MENDOZA
“El motivo
central es porque creo que Mendoza está en problemas de su matriz productiva,
un índice de pobreza alto, comercio e industria vienen en baja, un Estado
provincial que no tiene todos los recursos y está apelando al endeudamiento y
tenemos que discutir una ampliación de la matriz productiva…” resaltó el
Senador Abraham.
Y comenzó el
debate…
Como
corresponde, los proyectos se debatieron en comisión, invitando a los
interesados para que aporten información y opinión.
Hasta el
oficialismo manifestó apoyar las modificaciones…
El
responsable del área minera provincial, buscó las explicaciones más
imaginativas, tanto para justificar la existencia de la ley, así como la
necesidad de su modificación: “Hace 10 años existía un determinado set de
herramientas, hoy es diferente. Hace tiempo te quebrabas una pierna y tenías
que amputártela, hoy cambiaron esas condiciones. En su momento el único
tratamiento llevó a amputar la minería de la economía mendocina, pero hoy
evolucionó la legislación. La Argentina ha tenido experiencias diferentes,
buenas y malas. Pero no podemos seguir ignorando que pasaron 11 años”,
argumentó el funcionario.
Y le
terminaron bajando el pulgar a los proyectos…
A partir de
mediados de noviembre, pasado el ímpetu inicial, las interminables negociaciones
y las pequeñas mezquindades políticas, pusieron en evidencia la realidad: una
absoluta falta de convicción y decisión política, tanto de parte de la
oposición, como de la gran mayoría del oficialismo. Ya la decisión parecía
tomada… ya fue… no va a andar…
A fines de
diciembre se cerró la agenda legislativa del año sin que los proyectos avancen…
¿Queda alguna esperanza de retomar el tema en el 2019?: NO... senadores del
oficialismo descartaron que las modificaciones de la ley antiminera prosperen
durante el 2019, un año electoral.
"El año
electoral va a generar impedimentos para la aprobación de esa ley",
aseguró un senador oficialista.
Y lo explicaron muy claramente: si la iniciativa no salió este 2018,
menos posibilidades tiene de hacerlo en el 2019, que será un año intenso y con
un proyecto como el de la minería que tiene un costo político importante.
En otras
palabras, no hay convicción ni decisión, y nadie quiere asumir algún eventual
costo político, si lo hubiera. O dicho más claro, vamos a seguir haciendo
demagogia ambientalista, para quedar bien con una minoría revoltosa que nos
asusta con sus marchas y slogans antimineros, en pancartas y redes sociales.
¿Es la
Legislatura quien decide el futuro de la minería en Mendoza?
Para
modificar la ley antiminera de MENDOZA hace falta convicción y decisión
política. Durante meses debatieron dos proyectos para limitarla… y no pasó
nada. Se tiraron la pelota entre los bloques legislativos mientras pasaba el
tiempo. Ya fue… en el 2019 “no se puede” porque hay elecciones… nos dicen.
¿Quién decide
el futuro de MENDOZA?
¿Nos están
haciendo perder el tiempo mientras la decisión ya fue tomada fuera de la
Legislatura? Y la pregunta más importante: ¿quién toma las decisiones en MENDOZA?...
No nos debiera sorprender, no
es la primera vez que sucede…
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