En el 2014, sigamos comunicando minería...

MENDOZA - Ley 7722: ignorancia y prejuicio no son argumentos

OTRA VEZ SOPA… Los argumentos son siempre los mismos, los repiten hasta el cansancio y de tanto insistir, los han convertido en slogans. Ahora tenemos la versión de un abogado: ¿ignorancia y prejuicio son argumentos?

¿Qué dice la ley provincial 7722?

ART. I: "A los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales, con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, se prohíbe en el territorio de la Provincia de Mendoza el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo" (Nota: más allá que esos productos no se usan en cateo, prospección o exploración, algún ignorante hizo incluir el mercurio, insumo que no se usa en minería industrial moderna, y un grupo más grande de ignorantes lo votó como ley).

La ley le prohíbe, sólo a la minería metalífera, el uso de esas sustancias, las que SI PUEDEN SEGUIR SIENDO USADAS por el resto de la industria y agro mendocinos, incluso en la minería no metalífera si así lo necesitara.

No podemos dejar de preguntarnos: ¿si el uso de esos insumos industriales inevitablemente pusiera en riesgo el recurso hídrico, no debieran ser prohibidos para todas las demás actividades económicas? Duda que el abogado no debe haber tenido, él parece estar absolutamente convencido… sólo la minería.

El abogado defiende la ley… detrás de la retórica, poco, muy poco…

En su nota, el abogado repite tres veces la palabra “hermenéutica”, despertando mi curiosidad, la debí buscar para salvar mi ignorancia: Hermenéutica  es el “Arte de interpretar textos y especialmente el de interpretar los textos sagrados”. En el caso de su nota, se refiere a la interpretación de leyes que por cierto deben ser cumplidas, pero no son textos sagrados.

El abogado olvidó mencionar una ley…

El abogado nos muestra al medio ambiente como víctima inexorable de una actividad minera sin ningún tipo de norma legal que ponga límite a sus tropelías. Nos pasea por diferentes artículos de la Constitución Nacional, Provincial y tratados internacionales, enumerando una serie de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (que no vamos a buscar y menos a leer), con el fin de justificar la ley 7.722 como única opción para “defender el medio ambiente” de tan descontrolada actividad.

Sin embargo, no menciona una ley que sin duda conoce, la Ley Nacional 24.585  "DE LA PROTECCION AMBIENTAL PARA LA ACTIVIDAD MINERA", ley que convierte a la minería en la primera y hasta ahora única actividad económica en tener una legislación ambiental propia. Alcanza con  que el Estado cumpla y haga cumplir la ley vigente; el abogado lo sabe, esa es la  principal función del Estado.

También olvida mencionar la aplicación práctica de esa ley, con yacimientos argentinos en producción desde hace varios años, más de una década en algunos casos, usando en forma segura los insumos químicos prohibidos para la minería mendocina. El empleo de moderna tecnología y el cumplimiento de la ley nacional vigente nos han dado una minería ambientalmente responsable operando en varias provincias. Sólo basta cumplir y hacer cumplir la ley.

Nota de opinión en respuesta al abogado, publicada en Diario Los Andes 

Ley 7.722: desconocimiento y prejuicio no son argumentos

He leído con atención la nota “Constitucionalidad de la ley 7.722” escrita por el abogado Augusto Juan Menéndez y publicada el 3 de diciembre. Más allá de sus comentarios legales, que no estoy en capacidad de juzgar, comete errores básicos en los que apoya su razonamiento. No hay que ser abogado para entender que desconocimiento y prejuicio no son argumentos, menos aún legales.

Desconocimiento y prejuicio cuando dice “El Gobierno nacional propicia la explotación metalífera a cielo abierto en gran escala…”, lo que es falso, la industria promovida es la minera, sea metalífera o no, a cielo abierto o  subterránea, sin reparar en el tamaño. Cuando habla de la ley 7.722, insiste: “la explotación metalífera intensiva a cielo abierto, con las sustancias químicas mencionadas por el artículo 1º”…, a pesar que la expresión “a cielo abierto” no es mencionada en ninguna parte de la ley 7.722.

Usa en forma peyorativa “a cielo abierto”, sin saber que más del 90% de los  productos mineros que usamos desde hace miles años, se extrajeron de esa manera. Es la técnica más antigua y sencilla, la única que puede abastecer las rocas, minerales y metales que construyen la civilización. En forma subterránea, sólo se extraen aquellos minerales de alto valor y disposición vertical. Hay minería a “cielo abierto” desde que el hombre tomó una piedra y la convirtió en herramienta. En Sudáfrica (40.000 A.C.), Australia (30.000 A.C.), Grecia (15.000 A.C.) y antes de la agricultura, los hombres hacíamos minería a “cielo abierto”. Hace 12.000 años en el norte de  Chile extrayendo óxidos de hierro, un colorante para pintar los cuerpos de vivos y muertos, un uso ritual suntuario por cierto. El hombre obtuvo a “cielo abierto” piedra, sal, cobre, estaño, oro, plata, hierro, carbón, yeso, mármol, minerales y metales, para crear edificios, caminos, puentes, herramientas, joyas y moneda. Productos mineros con los que prendió fuego para calentarse, cocinar o hacer metalurgia, que incluso se usan para captar el agua, entubarla, bombearla, almacenarla, filtrarla, adicionarla, flocularla, distribuirla y hasta para fabricar el grifo que abrimos en nuestra casa. 

Es lógico que un abogado no conozca de minería y se confunda, hay minas donde las rocas y el mineral se obtienen a “cielo abierto”, o en forma subterránea, de ambas maneras, en forma consecutiva o simultánea. Y cualquiera de ellas puede ser metalífera, donde los metales se extraen en procesos al aire libre, o en instalaciones cerradas, con ambos métodos, y en algunas se extraen los metales sin usar los productos químicos prohibidos. Y la decisión entre tantas opciones es técnica, depende de las características físico-químicas del mineral, y de otros factores dispuestos por la naturaleza.

Desconocimiento y prejuicio cuando habla de  “altamente nociva para el medio ambiente”, olvidando el ejemplo de Chile, con más de 4.000 minas en producción. En las nacientes de cada valle hay varias minas medianas o grandes, aguas abajo, los vinos y productos agrícolas para los mercados más exigentes del mundo, más abajo las ciudades, playas y turismo. Y algunas de sus minas son las más grandes del mundo, produciendo desde hace más de 100 años. Chile lidera en PBI por habitante y el ranking de calidad de vida de Latinoamérica, no sólo por la minería, con minería y sin daño al medio ambiente.

Desconocimiento y prejuicio cuando no entiende que los mismos ingenieros que diseñan, construyen y supervisan nuestras industrias químicas, petroquímicas, de alimentos, farmacéutica, metalúrgica, plástica, vitivinícola, etc., utilizando técnicas y productos químicos similares, son los que trabajan en el proceso del mineral, aplicando las mejores prácticas y medidas de seguridad disponibles. Son ingenieros argentinos, recibidos en nuestras universidades. Confiamos en ellos cuando producen medicamentos, confiemos cuando procesan minerales.

Sin pretender incurrir en temas legales y sólo aplicando el sentido común, entiendo que nadie puede aducir su desconocimiento o incapacidad para incumplir la ley. Menos aún el Estado, al prohibir el uso de tecnologías de empleo habitual en el mundo y en la misma Argentina, aduciendo su propia incapacidad de cumplir y hacer cumplir la ley que lo obliga a controlar a la actividad minera.

Manifestando su incapacidad de controlar, no imaginamos al Estado provincial prohibiendo el uso de sulfuroso y sales de cianuro en la industria del vino, o de agroquímicos y pesticidas en el agro, o de sulfúrico en las aguas de riego por goteo, ambos usados “a cielo abierto”, ante la posibilidad de provocar intoxicaciones y contaminación. Riesgo confirmado por varias muertes, no sólo de peces en el Valle de Uco a principios de año, también de personas. Sería ridículo que se prohíba el uso de lavandina a los hoteles, porque el lavado y drenaje de las piletas de las Termas  de Cacheuta contaminó las aguas del Río Mendoza matando centenas de peces. Todos eventos de contaminación real ante los que el abogado no se molestó en esgrimir hermenéutica alguna.

No nos debe sorprender semejante desconocimiento y prejuicio, otro defensor de la ley, el abogado Aldo Rodríguez Salas dice: “La ley 7.722 del 2007 es una norma surgida de la intranquilidad social de una provincia sin una política minera legalmente establecida. No fue fruto de la consulta a sectores de ciencia y técnica de la provincia, sino de una reacción social”; una curiosa manera de defender una ley. Y es totalmente cierto, la ley 7.722 no responde a estudio técnico alguno, es la respuesta demagógica del gobierno ante la extorsión piquetera. ¿Podemos imaginar un plan de vacunación fruto de manifestaciones de algunos cientos de personas y la opinión de directores de cine, filósofos y abogados? A nadie se le ocurriría, consultamos a médicos, bacteriólogos e infectólogos, al menos espero que sea así.

Una ley que impide a Mendoza utilizar moderna tecnología, la que se utiliza en Suecia, Finlandia, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Brasil, Chile, etc., e incluso en otras  provincias argentinas, para abastecer productos mineros a un mundo que lo demanda, desarrollando recursos y preservando el medio ambiente. Procesos industriales modernos que no se pueden aplicar en Mendoza porque el Estado no quiere asumir su función, la de cumplir y hacer cumplir la ley. Si el Estado no puede prever y evitar la eventual contaminación minera de algún irresponsable, ¿puede controlar el uso de agroquímicos y pesticidas, “a cielo abierto”? ¿Cuántas otras actividades se prohibirán porque el Estado no se siente capaz de hacer cumplir la ley?, ¿es ese el camino?

Contaminar es DELITO, para la minería como para cualquier otra actividad. Existe la tecnología y la legislación para hacer minería cuidando el medio ambiente, y es deber indelegable del Estado cumplir y hacer cumplir la ley, para que todas las industrias se desarrollen en forma sustentable. El Estado no puede ni debe renunciar a ese mandato, sacrificando una parte del futuro de los mendocinos.

NOTA I: Mi agradecimiento a Diario Los Andes por abrir su espacio y otorgar siempre el derecho a réplica, en similar extensión y ubicación.

NOTA II: Esta nota estaba olvidada en un cajón de mi memoria, pero ha vuelto a tener actualidad. La causa de inconstitucionalidad de la ley 7722 parece estar en la recta final… siempre puede aparecer otra curva.

Impedir la minería LEGAL ¿protege al ambiente y a la comunidad?

Vimos que ya tienen su MANUAL ANTIMINERO, quienes son sus autores y el contenido. Y lo usan para cortar toda posibilidad de diálogo, para generar conflictos, alimentarlos y mantener a las comunidades en la miseria. ¿El resultado final?: abrir la puerta a la extracción ILEGAL de minerales, que destruye el medio ambiente y la paz de la gente. MINERÍA CRIMINAL que es fuente de financiamiento de bandas armadas.

Todo muy lejos de proteger a la comunidad y preservar el medio ambiente.

Y distribuyen su MANUAL ANTIMINERO en Madre de Dios (Perú), en Mallku Khota (Bolivia) y en toda nuestra América Latina.

Aplican el MANUAL y ganan una batalla, pierde el medio ambiente, pierde la gente…

Dice el Manual: “Organice referendos o consultas locales sobre la explotación de recursos naturales. Recuerde el caso de ‘resistencia exitosa’ de 2002, cuando la comunidad de Tambogrande rechazó una propuesta minera en las urnas”.

TAMBOGRANDE - PERÚ: todo un “ejemplo de resistencia exitosa”, donde la comunidad rechazó una propuesta minera en las urnas. En el 2003 lograron expulsar a la minería LEGAL: “Tanto lío hicieron. Sacaron a una empresa que con técnicas modernas quería desarrollar minería del oro”.... y en poco tiempo llegó la minería ILEGAL, ahora si tienen su desastre ambiental, social y hasta criminal… Un criterio muy particular para calificar el “éxito”.

El “éxito” de Tambogrande es anterior al Manual pero el espíritu es el mismo, en esa ocasión el conflicto también fue alimentado por ONGs del primer mundo. Ya en 2001, el conocido consultor y conferencista antiminero Robert Moran, realizó el informe “An Alternative Look at a Proposed Mine In Tambogrande, Peru” , encargado por OXFAM, ONG de notorio activismo en América Latina. En los años siguientes Moran hará informes similares sobre numerosos proyectos, dando letra a los conflictos.

¿Tenemos que esperar que lo mismo suceda en Santurbán?

SANTURBAN – COLOMBIA: puede ser otro caso de “resistencia exitosa”, donde las manifestaciones y la presión social en Santander, promueven la delimitación de un área protegida de la actividad minera. En la zona hay miles de familias que viven de la minería artesanal LEGAL y ven en riesgo su fuente de trabajo .  La incertidumbre ya ha afectado el nivel de empleo, solo en tres mineras de Santander ya se han perdido 900 empleos directos. Por cierto que ese desempleo no se nota entre los intelectuales “progresistas”, los que promueven su versión de la defensa del “medio ambiente y de las comunidades”. Ellos están muy lejos, no corren el riesgo de perder su trabajo ni su bienestar.

Los “defensores del medio ambiente” quieren a Santurbán liberada de la minería LEGAL, que quedará disponible para la EXPLOTACIÓN ILEGAL, que con seguridad destruye el medio ambiente y a las comunidades.

Dice el Manual: “Busque el apoyo de líderes religiosos y de la Iglesia”.

El mismo Manual sugiere como fuente de financiamiento de la resistencia antiminera acudir a OXFAM, Cáritas América Latina y organizaciones de la Iglesia Católica alemana - Misereor y de la Iglesia Católica de Canadá - Desarrollo y Paz.  

Esperemos que estás organizaciones escuchen el mensaje enviado por el Santo Padre en oportunidad de la Jornada de reflexión sobre la industria minera mundial, organizada por el Pontificio Consejo Justicia y Paz: las Iglesias locales “harán ciertamente suya la solicitud del Pontificio Consejo colaborando con los dirigentes de las empresas mineras, para ayudarles a desarrollar un enfoque cada vez más completo de la cuestión”. Un mensaje muy claro, establecer un clima de diálogo y negociación para acercar posiciones.

Las consecuencias de promover el conflicto…

Conflictos que no lo sólo ponen trabas a la minería, sino que son un serio perjuicio para el resto de las actividades económicas, como en Cajamarca (Perú), donde se perderían más de 150.000 puestos de trabajo afectando al turismo, al comercio y a la industria de la región.

SI, usan el MANUAL ANTIMINERO…

Lo usan para promover el conflicto, para impedir el desarrollo. Y lo que es peor, le abren la puerta a la MINERÍA ILEGAL, con su secuela de desastres ambientales y sociales, trabajo en condiciones infrahumanas, prostitución y hasta explotación laboral y sexual de menores. Actividad CRIMINAL que se convierte en fuente de financiamiento de grupos armados.

¿Son estúpidos o cómplices?

Es realmente curioso, no hemos visto a ninguno de estos grupos, supuestos “defensores del medio ambiente y de las comunidades”, protestar  contra la MINERÍA ILEGAL CRIMINAL. Desearía creer que no se dan cuenta que combatiendo a la minería legal, alimentan la ILEGAL. Desearía creer que es sólo estupidez… ¿pueden ser tan ingenuos? ¿O simplemente son cómplices?