BLANQUEANDO CON LA MINERIA?

La crisis nos ha golpeado, y muy fuerte, impactando a las empresas mineras en varios flancos, con baja de los metales (excepto el oro), y desaparición del financiamiento. Los proyectos se atrasan y las oficinas se cierran, tanto por falta de recursos, o porque algunas empresas que lo disponen, se han “sentado” sobre su capital, a la espera de buenas oportunidades de adquisición - toma de control de proyectos, o ante la incertidumbre sobre la duración de esta crisis.

Sin embargo, el gobierno nacional ha salido en “nuestra ayuda”, reglamentando el blanqueo de capitales, que regirá desde el 1 de marzo y cerrará el 31 de agosto. Durante esos seis meses quedará abierta la posibilidad de declarar ante el Fisco todos los bienes y otros valores que hubieran permanecido "en negro". Esto abarca tanto a los depósitos en bancos del exterior como al dinero que está dentro del país pero fuera del circuito financiero; una buena parte en las cajas de seguridad.

Según la norma, no será posible transferir cualquier tenencia monetaria: "será condición necesaria que las entidades extranjeras en las cuales se hayan realizado los depósitos (que se quieran blanquear) se encuentren radicadas en países que cumplan normas o recomendaciones internacionalmente reconocidas en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo". En cuanto al origen del dinero que está en el país, sólo exige una declaración jurada, dando un fuerte incentivo al movimiento de valijas.

Gracias a esta norma, capitales de dudoso origen estarán disponibles para realizar inversiones; no nos llame la atención que en parte se encaucen hacia la minería.

Menos inversores, de peor calidad....

Numerosas empresas mineras que han nacido con proyectos argentinos, ya han licuado su participación en la exploración local, tomando posición en Chile, Perú, Brasil, Méjico y hasta en USA y Canadá. Lo han hecho por la inseguridad jurídica y la permanente amenaza del piqueterismo ambientalista. La obtención de la Declaración de Impacto Ambiental se ha convertido en un proceso lento, de resultado y costo incierto, con incorporación de numerosas instancias de consulta y opinión, convirtiendo el trámite en una carrera de obstáculos de tiempo indefinido y futuro incierto, donde cada nueva instancia se convierte en otra “cabina de peaje”, abriendo las puertas a prácticas extorsivas.

Ya hemos visto el efecto de la intervención del Estado con cataratas de normas y regulaciones, o su ausencia, permitiendo prácticas extorsivas de gremios, autoconvocados, piqueteros varios, etc., sobre las actividades económicas, en la industria petrolera, generadores y distribuidores de gas y electricidad, aeronavegación comercial, etc. Desde hace seis años los inversores externos están reduciendo su participación en Argentina, y son reemplazados por inversores locales. Y el efecto no es sólo cuantitativo, los inversores de mejor calidad se retiran y son reemplazados por empresas de menor solvencia técnica y hasta por aventureros de fluidos contactos.

La discrecionalidad del Estado, y su inacción frente a la extorsión ambientalista, se convierten en instrumentos para promover la huida de inversores serios, abriendo la puerta a capitales de dudoso origen y aceitados contactos oficiosos, que podrían obtener participación en los proyectos, a cambio de su “capacidad de gestión”.

AHORA, VENDRAN POR NOSOTROS?

En la nota “Un escenario optimista??? (Mining Press Diario Minero, 21/10/08 - Mining Press, Revista – Nº 31: 62-64 – Octubre-Noviembre), anunciamos el fín del experimento populista instaurado en el 2002, la etapa final del ciclo de recuperación 2002-2006.

La baja de la recaudación nacional en noviembre y diciembre, coloca a las cuentas públicas al borde del déficit fiscal, y las provincias cerraron 2008 con rojo fiscal por primera vez en cinco años. Estamos a las puertas de la catástrofe, es inevitable, la duda es la magnitud y duración de la caída, cómo será la recuperación y quién la administrará. Ante este panorama, el gobierno reaccionó como esperábamos, confiscando los depósitos previsionales administrados por la AFJP, emitiendo una catarata de medidas poco efectivas que se resumen en absorber capital privado para utilizarlo para fines electorales y promoviendo el ingreso de capitales de dudoso origen. Con déficit y sin posibilidad de endeudamiento, sólo caben nuevas confiscaciones, colocaciones compulsivas de deuda, captura de nuevos flujos, etc. Cualquier medida es posible y la imaginación del gobierno puede concebir desde desdoblamientos del tipo de cambio, hasta retenciones y regalías móviles en comodities de precio ascendente.

Mientras escribo esta nota, las bolsas están subiendo y ya llevan más del 25% de recuperación desde los pisos de mediados de noviembre. Los mercados podrían ya estar indicando el fín de la crisis financiera internacional, cuyo efecto impactará de lleno en el primer semestre del año, para empezar la recuperación a fines del 2009. Mientras tanto el Oro se ha mantenido como reserva de valor y acusa la suficiente fuerza como para quebrar los U$ 900, anticipando su ruta hacia los U$ 1.000, el Cobre ha recuperado más de un 20% en dos semanas, e intenta llevarse puesta la resistencia de U$ 1.5, rumbo a U$ 1.7, próximo escalón que habilita nuevas subas.

Desde que se desató la crisis financiera internacional, a mediados de septiembre, las empresas mineras han acusado el impacto, reduciendo el financiamiento de sus proyectos, hasta cerrando oficinas, algunas por falta de recursos y la imposibilidad de obtenerlos en el mercado, y otras, porque se han “sentado” sobre su capital, a la espera de buenas oportunidades de adquisición y toma de control de proyectos. Existe gran cantidad de liquidez disponible a ser invertida, en cuanto se aclare el panorama y surjan nuevas oportunidades de inversión. El ciclo ascendente de precios y la disponibilidad de dinero en busca de rentabilidad aceitarán nuevamente el negocio minero.

Ante la ausencia de recursos para el financiamiento público, el Estado Nacional y los gobiernos provinciales pueden intentar capturar esas “ganancias extraordinarias” de las empresas, mediante el incremento de retenciones y regalías. Ya hemos visto en “Regalías y retenciones mineras: quién las paga?” (Mining Press Diario Minero, 30/12/08), que: “la percepción de inseguridad jurídica o el incremento de impuestos en minería, se paga con menos años de vida de la mina, menos años de salarios, bienes, servicios e impuestos. Se paga con pérdida de actividad económica futura, destruyendo mineral, destruyendo valor.” Y todavía puede ser peor, si colocan retenciones y regalías móviles.

Los huevos en distinta canasta.

Toda inversión implica riesgo, la estrategia elemental para disminuirlo es colocar los recursos en diversos activos, fijando un tope para las pérdidas. La diversificación compensa las ganancias de unos con las pérdidas de los otros, de modo que cada buen negocio debe compensar las pérdidas originadas en los fracasos, por tanto, la ganancia esperada no puede tener un tope, mientras el riesgo no tenga un piso. Quién invertiría en la bolsa de valores si se le dijera que su ganancia máxima tiene un tope?, si el Estado se apropiara de las ganancias por encima de cierto valor, mientras el total de la pérdida es asumida por el inversor?.

Diversificar es sano y necesario en toda cartera de inversión, y es esencial en una empresa minera. Inevitablemente, la mayoría de los proyectos mineros fracasan, y deben ser financiados por los pocos éxitos exploratorios. La minería debe asumir los riesgos propios de la exploración, por variaciones de precio, legales, impositivos y hasta que la naturaleza nos decepcione. Por eso, la empresa minera debe armar su cartera con proyectos de diverso grado de avance, sujetos a diferentes legislaciones, para reducir el riesgo. Si se le pone un techo al éxito, disminuye notablemente la capacidad de financiamiento de los fracasos.

Ahora nos toca a nosotros?

El efecto de las retenciones móviles se puede ver en la industria petrolera. Desde hace seis años las empresas están reduciendo su participación en Argentina, arrastrándonos a otra de las clásicas crisis energéticas recurrentes, logrando que en escasos años, seamos nuevamente importadores de hidrocarburos. Y el efecto no es sólo cuantitativo, los inversores de mejor calidad se retiran y son reemplazados por empresas de menor solvencia técnica y hasta por aventureros de fluidos contactos.

La idea de las retenciones y regalías móviles no es nueva, ya ha sobrevolado algunos despachos oficiales, y se las sigue mirando con simpatía. Corremos el riesgo que, junto con la extorsión ambientalista, se conviertan en instrumentos para promover la huida de inversores serios, abriendo la puerta a capitales de dudoso origen y aceitados contactos oficiosos, que podrían obtener participación en los proyectos, a cambio de su “capacidad de gestión”.

PRC, EL AJO, LA CIRUELA Y EL VINO....

• Actividad Minera Revista, Buenos Aires - Nº 86 – Año XVIII – Enero – Febrero 2009, 21.

Que diferente que serían las cosas si el Informe de Impacto Ambiental de Potasio Río Colorado (PRC), presentado en diciembre del 2006, hubiera sido aprobado dentro de los 60 días hábiles, o a lo sumo en otros 60 días más, correcciones mediante, como establece la ley 24585. Si así hubiera sido, PRC tendría el trámite concluido a mediados del 2007 y probablemente Rio Tinto hubiera diseñado la ingeniería financiera, con los recursos asegurados a mediados del 2008. Hoy PRC estaría en desarrollo, formaría parte de los activos de Rio Tinto y la empresa hubiera enfrentado la crisis financiera en mejor posición, hasta puede ser que su oficina de exploración en Mendoza no hubiera cerrado.

Pero estaban los ambientalistas. El anticapitalismo “ecofascista” (Orduna v. gr.) en su lucha promoviendo el “subdesarrollo sustentable” lo logró, expulsó a Rio Tinto, tenemos una empresa menos. Era fácil pegarle a Rio Tinto, para las mentes primitivas, la imagen misma de la multinacional con sede en Londres y un símbolo del capitalismo. Apareció Vale, y puede ser que la historia cambie.

Qué es Vale? En una primera mirada, no parece muy distinta a Rio Tinto, ambas comparten el selecto grupo de las 5 mayores mineras en capitalización, con algo más de MU$ 32.000. Ambas han caído en los últimos meses, de los máximos de junio a los mínimos de noviembre del 2008, Vale a perdido un 80% y Rio Tinto un 89% de su cotización bursátil. Ambas se están recuperando fuertemente de esos pisos; mientras escribo estas líneas, un 85% de recuperación para Vale y un 79% para Rio Tinto. Ambas tienen una fuerte participación accionaria de inversores institucionales, bancos, fondos comunes y de pensión, pero en algo son muy distintas. Vale es brasileña.

Según datos a octubre 2008, Vale retiene el 38.2% de sus acciones y el 61,8% restante cotiza en bolsa, 25% del total en manos de inversores brasileños y 5.4% en poder del Estado brasileño (Tesorería y BNDES), quien también retiene las acciones de Oro. Vale es brasileña. Y los directivos brasileños comprenden mucho mejor que los sajones nuestra cultura y mecánica de funcionamiento, vicios y virtudes. Se saben mover entre nosotros.

Brasil, junto con la India, es el mayor consumidor de potasio mundial, Rio Tinto se lo iba a vender. Vale no solo abastecerá el mercado brasileño, sino que industrializará el potasio, convirtiendo a los fertilizantes en una pieza fundamental en su consolidación como el mayor proveedor de alimentos del mundo.

Qué harán los ambientalistas? Ahora ya no se enfrentan a la imagen del capitalismo, tienen ante sí a una empresa que se comporta exactamente igual, pero parece distinta, que es socia de un Estado vecino, el noveno PBI del mundo y con gobierno “progresista”. La imagen es otra.

Qué hará el gobierno de Mendoza?, podrá seguir dilatando irresponsablemente la aprobación del IIA?. La cancillería brasileña se caracteriza por su profesionalismo y coherencia de objetivos, con una clara posición en defensa de sus empresas, y más aún, si en estas el Estado tiene participación. Brasil es el primer destino de las exportaciones mendocinas, un total de MU$ 341 (2007), el 26% del total exportado. Cuando los funcionarios de gobierno se sienten a negociar con los directivos de Vale, no sólo estarán discutiendo una inversión minera, sobre la mesa, y aunque los empresarios no lo digan, estarán el ajo, la ciruela, el durazno, el vino y el mosto. Ya no van a negociar con una empresa, lo estarán haciendo con Brasil, y buena parte de la actividad económica mendocina dependerá de lo que acuerden.

Bienvenida Vale. Ahora si, es posible que tengamos un yacimiento en producción en Mendoza.

Regalías y retenciones mineras: quién las paga?

- Publicado en Mining Press – Diario Minero – 30 de diciembre 2008

- Publicado en Mining Press – Revista – Nº 33: 40-41 – Febrero-Marzo 2009

- Publicado en www.sin-censuras.com.ar, del 25 de octubre al 9 de noviembre 2009

- Publicado en Diario Los Andes, el 29 de diciembre 2009

Durante varios años, el precio de los metales y metales preciosos ha tenido un sostenido aumento. Al tramo ascendente de las habituales variaciones cíclicas de precios, se sumó el efecto del incremento de la demanda y de la devaluación del Dólar, situación que se ha revertido en los últimos meses. Es muy tentador para el Estado Nacional y los gobiernos provinciales tratar de capturar esas “ganancias extraordinarias” de las empresas, mediante el incremento de retenciones y regalías. Los defensores del fisco no advierten que el incremento impositivo se traslada directamente a los costos y no puede ser cargado en el precio, sin embargo no afecta la rentabilidad de las empresas. Entonces quién lo paga?.

No siempre quien abona un impuesto es quien lo paga. El IVA lo abona el comerciante, pero lo paga el consumidor, al igual que Ingresos Brutos. En la compra de un auto alemán o una notebook, el arancel de importación lo abona el importador, pero se carga al comprador en el precio final. Más aún, si la municipalidad aumenta el derecho de comercio, o sube el impuesto inmobiliario de las playas de estacionamiento, el que termina pagando ese aumento es el que estaciona el auto. El caso de la minería metalífera es diferente, al tratarse de comodities, el incremento de costo no puede cargarse en el precio.

La cantidad y calidad del mineral de un yacimiento lo dispone la naturaleza. La tarea de una empresa minera en la exploración, es averiguarlo al menor costo posible, para elaborar su factibilidad económica de explotación y procesamiento. El objetivo es determinar la ubicación, calidad y cantidad de roca con mineral, definida como tonelaje y ley. La ley es el contenido de metal y se expresa como proporción en peso, en porcentajes para cobre, plomo, etc., o en gramos por toneladas de mineral para oro y plata. Sin embargo, la distribución del metal en la roca no es uniforme, la ley es inversamente proporcional al tonelaje. Todo yacimiento tiene un pequeño sector muy enriquecido, aumentando el tonelaje a medida que disminuye la ley, con mayores cantidades de roca más pobre en metal.

Conocido el yacimiento y siendo factible su explotación, el inversor establece la rentabilidad que desea obtener. La base de esta rentabilidad parte de la de inversiones alternativas de escaso riesgo, mas los plus que compensen el riesgo propio de la exploración y explotación, mas la prima por eventuales variaciones de precio en el futuro. A partir de estos valores y en función de los costos, se establece la cantidad de mineral que va a ser explotado y los años de vida del yacimiento determinando la ley de cabeza, que es la ley del mineral que ingresa a planta de concentración. La planta se diseña para un rango acotado de leyes, y es alimentada mezclando poco mineral de alta ley con mayor cantidad de mineral de baja ley. Existen límites técnicos y económicos a las variaciones de la ley de cabeza, por encima de cierto valor, el proyecto se convierte en inviable, pues no cubre los costos fijos. Por debajo de cierto valor, aumentan exponencialmente los costos directos, y baja la recuperación.

La legislación minera nacional, a la que han adherido las legislaturas provinciales, establece estabilidad fiscal por 30 años para los proyectos factibilizados y regalías de hasta un 3%. Cuando el inversor percibe que este marco impositivo puede variar por decisiones administrativas o por eventuales cambios legislativos, exige a los proyectos una mayor rentabilidad para cubrir el riesgo. Si el proyecto ya está en explotación, y ante un incremento de regalías o la imposición de retenciones, la empresa tiende a mantener la rentabilidad prevista. En ambos casos, tanto sea para aumentar la rentabilidad ante la percepción de riesgo, o para mantenerla ante la suba de costos, se incrementa la ley de cabeza. El aumento de la ley de cabeza, significa que menos mineral de baja ley será ingresado a planta. En la práctica eso es acortar la vida del yacimiento, pues los sectores mas pobres dejarán de ser explotados, llegando incluso a convertir en inviable el proyecto.

Un incremento de regalías o retenciones a la actividad minera se paga con la destrucción de mineral, acortando la vida del yacimiento. La expresión “destrucción de mineral” no es una metáfora, el mineral de baja ley no explotado, no lo podrá ser nunca mas, pues su explotación sólo es posible gracias a la cercanía del mineral de mayor ley, que si será extraído. Esto ya lo habían comprendido los representantes ante la Asamblea del año XIII, incorporando leyes y reglamentaciones para promocionar y desgravar la actividad minera.

La percepción de inseguridad jurídica o el incremento de impuestos en minería, se paga con menos años de vida de la mina, menos años de salarios, bienes, servicios e impuestos. Se paga con pérdida de actividad económica futura, ....destruyendo mineral, ...destruyendo valor.

Mi agradecimiento al economista, Dr. Juan Carlos de Pablo, por la lectura crítica y comentarios.

SUBDESARROLLO SUSTENTABLE Y CONSERVACIONISMO

• Actividad Minera Revista, Buenos Aires - Nº 85 – Año XVII – Septiembre – Octubre 2008, 21-23.
• Reproducido por Voces de Anta-Hualan - Catamarca, 24 de Noviembre del 2008 - Edición Nº 81.
• Reproducido por Catamarcaya.com - Catamarca 26 de Noviembre del 2008.
• Reproducido por sin-censuras.com.ar - Malargüe, 24-29 agosto del 2009.
• Reproducido por Diario UNO - Mendoza, 21 de septiembre del 2009.

Los grupos conservacionistas, en supuesta defensa del “desarrollo sustentable”, siguen presentando una oposición sistemática a emprendimientos industriales y mineros. Proyectos como San Jorge y Potasio Río Colorado son atacados, a pesar de cumplir con la ley 7722, ley mendocina que prohíbe la utilización en minería de cianuro y sulfúrico, insumos que siguen siendo utilizados en varias otras industrias de la provincia, como el sulfúrico en la refinación de petróleo, y el cianuro en la clarificación de vinos, vinagres y mostos, galvanoplástia y metalurgia.

A pesar de no existir ninguna evidencia de contaminación ambiental en las minas activas en el país, el conservacionismo ha instalado en la mitología popular que la minería es contaminante y no es ambientalmente sustentable. Por qué lo hace?.

Que es el desarrollo sustentable? Según la definición de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo es: “Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades”. Esta definición abarca tres dimensiones: la económica, pues hablamos de desarrollo; la social, con beneficio a la comunidad, y la ambiental, referida al impacto sobre la naturaleza.

Es esto de lo que hablan los conservacionistas?, les preocupa realmente el desarrollo económico y social preservando el medio ambiente?.

Producir y consumir sólo lo necesario...... El discurso conservacionista nos plantea la necesidad de consumir y producir sólo aquellas cosas necesarias; idea atractiva, que merece ser estudiada en detalle. Como paradigma de lo superfluo, nos presentan al Oro. Considerar el consumo de oro como prescindible y suntuario, es similar a tomar al turismo, la industria del automóvil, cosmética, vitivinicultura, bebidas o de la indumentaria y moda como innecesarias. Efectivamente, el ser humano puede sobrevivir con menos oro, sin turismo, sin vino, con tres modelos básicos de ropa, tomando agua y leche, y usando medios públicos de transporte. De hecho, un sudanés o un etíope, producen, consumen y están rodeados de bienes y servicios casi absolutamente imprescindibles. Un sueco, un alemán o nosotros mismos, producimos, consumimos y estamos rodeados de mayoría de productos prescindibles. Lo que diferencia a una sociedad pobre y subdesarrollada de una rica y desarrollada es la producción y consumo de artículos suntuarios.

Ya existe un mecanismo muy eficiente que determina qué bienes y servicios son necesarios, y las cantidades en que deben ser producidos. La libre concurrencia de consumidores y productores establece los niveles de precio de cada bien o servicio, y determina la oportunidad y necesidad de incrementar o disminuir su producción, a partir del interés o no de los consumidores, de lo que estén dispuestos a pagar por ellos.

Los conservacionistas plantean reemplazar este sistema por algún consejo de notables, asambleas populares o algún otro tipo de cuerpo colegiado que establezca cuales son las “necesidades reales” de consumo y producción de los bienes. Quieren sustituir la libre elección de cada individuo, por el dictamen de un grupo de gente que se atribuye la capacidad de decidir por nosotros. Obviamente, para que esa decisión tenga efecto, debe contar con el poder coercitivo del Estado.

Ese experimento ya se hizo a escala mundial, duró más de 70 años en el siglo pasado y abarcó a la URSS y países de su órbita, se llama “economía centralmente planificada”. Culminó en un rotundo fracaso político - económico, y en una catástrofe ambiental. Y no sólo hablamos de Chernobyil, entre los desastres también están Norilsk, Bakú, o la Península de Kola. Experimentos menores, pero con resultados parecidos, se realizaron en otros estados totalitarios, con el fascismo en Italia y Alemania, o la Camboya de Pol Pot.

La historia nos muestra que siempre que se anulan las libertades económicas de la gente, el resto de las libertades públicas también desaparece. Cuando algún grupo de notables, nomenclatura, soviets, partido o asamblea, utilizando el poder coercitivo del Estado impone qué y cuánto se produce y consume, el Estado se convierte en el actor más importante de la economía y eso condiciona todas las demás libertades, hasta las más elementales, de expresión, de tránsito, de reunión, e incluso religiosa. El siglo pasado nos muestra tristes ejemplos de ello, con millones de muertos, que empalidecen las catástrofes ambientales provocadas, ante las que nadie podía hacer manifestación alguna de protesta.

Deseo creer que en su ingenuidad, los conservacionistas ignoran las consecuencias de lo que nos están proponiendo.

O es que entienden otra cosa por “desarrollo sustentable”?

Jorge Orduna, en su libro Ecofascismo nos da la respuesta: para esta gente el problema de la eventual contaminación es secundario, van mucho más allá. En el concepto de “desarrollo sustentable” que ellos manejan, la parte de desarrollo pasa a un segundo plano, sólo les importa lo “sustentable” en su ideal conservacionista y no les preocupa la marginación, el desempleo o la pobreza. Consideran que la única forma de hacer sustentable nuestro planeta es impedir el desarrollo económico, para que no se agoten los recursos. Ven como un verdadero problema que decenas de millones de personas se incorporen a la vida digna y al consumo, cada año en China, en la India, en Vietnam o en nuestra América del Sur. Entienden que eso presiona sobre los recursos y sobre el ambiente. Esta ideología, que nace en las sociedades desarrolladas, desea preservar para los que ya viven bien, los paisajes, el ambiente y los recursos, para su disfrute. La incorporación de gente a la vida digna, pone en peligro su mundo, y eso es lo que quieren conservar.

Como dice Orduna, estos militantes del subdesarrollo consideran que el trabajo infantil, “cazar monos con arco y flecha, tejer con telares manuales, prostituirse a los turistas, es desarrollo sustentable”. Para ellos, el mismo desarrollo económico no es sustentable, porque genera mayor consumo de recursos y produce contaminación. Ven al desarrollo, como el enemigo a combatir. Serían mucho más sinceros si llamaran a las cosas por su nombre, y explicaran que en realidad nos proponen un “subdesarrollo sustentable”.

Mi agradecimiento al economista, Dr. Juan Carlos de Pablo, por la lectura crítica y comentarios.

AHORA SI, .... UN ESCENARIO OPTIMISTA???

· Publicado en Mining Press – Diario Minero –  21 de octubre 2008.

· Publicado en Mining Press – Revista – Nº 31: 62-64 – Octubre-Noviembre 2008.

En el editorial “MINERIA EN ARGENTINA: CRECIMIENTO O DESARROLLO? (Actividad Minera Revista Nº 80 – Año XV – Noviembre Diciembre 2007 – Buenos Aires, 29-47 – Mining Press, 07 de marzo 2008), planteamos varios interrogantes:

“Es posible seguir incorporando empresas y proyectos?, las bases del crecimiento minero son firmes?. Las dificultades originadas en la presión social de los grupos antimineros, su impacto en la opinión pública y las acciones demagógicas de algunos gobiernos provinciales, son los únicos factores que ponen en riesgo este crecimiento?. Existen factores sistémicos mas profundos que estamos pasando por alto, de mayor relevancia y difícil corrección, que pueden frenar la expansión de la actividad?”.

La respuesta a esas dudas no es muy alentadora:

“El desarrollo de toda actividad económica y más aún la minería, requiere un marco de reglas claras, estables y de cumplimiento posible. Un ambiente competitivo, con bajas barreras de entrada, libre contratación entre las partes y protección de los derechos de propiedad, asegura la permanente generación de proyectos con la concurrencia de numerosos actores invirtiendo sus recursos. De esa forma, los riesgos quedan limitados a los propios de la actividad de exploración, explotación, a las buenas artes de los actores, a la bendición de la naturaleza, y a las variaciones de cotización en los mercados.

Estas condiciones no son el marco en que la minería argentina está creciendo. El ambiente actual comprende limitaciones al derecho de propiedad, la posibilidad de que en cualquier momento surjan nuevas limitaciones, el accionar extorsivo de los actores corporativos, el surgimiento anárquico de nuevos actores, incertidumbre respecto a los plazos, interlocutores y exigencias ambientales, instaurando nuevas “cabinas de peaje”, la ausencia del Estado Nacional acotando los dislates de algunos gobiernos provinciales, incremento e incertidumbre en los costos. El resultado es una disminución de las provincias y territorios donde se puede explorar y un permanente incremento de la TIR exigida a los proyectos, con la consiguiente destrucción de parte del mineral.

Seguimos inmersos en un sistema corporativista donde la discrecionalidad del Estado asigna ganadores y perdedores, transfiriendo riqueza a los sectores privilegiados merced a la utilización de la ley como herramienta política.

En los últimos 60 años, la economía argentina ha sufrido ciclos “stop and go”, limitados por estallidos de déficit público, default, inflación y devaluación. Estallidos donde no necesariamente están presentes los cuatro componentes como a fines del 2001 – principios del 2002, pero al menos dos de ellos son omnipresentes. Sin embargo, el ciclo minero es mucho más extenso y responde a los pulsos de inversión extranjera directa, promovida por políticas públicas favorables a la inversión externa de riesgo. Antes de los 90, el ciclo anterior fue a fines del siglo XIX, principios del XX y la herencia de ese período fueron las minas Aguilar y Pirquitas entre otras. Actualmente el ciclo se está agotando, sólo persiste en algunas provincias y depende de la buena predisposición de alguna gestión provincial, cuyos dirigentes pueden ser reemplazados por la oposición en cualquier momento.

Si seguimos por este camino, en el futuro próximo estaremos con tres o cuatro grandes proyectos maduros en explotación, algunas minas medianas a pequeñas en producción y una cantidad limitada de proyectos localizados en escasas provincias favorables. Una vez agotado el presente ciclo, esperemos que no deban transcurrir otros 80 años para que la minería vuelva a crecer, y que esta vez, el crecimiento se convierta en desarrollo”.

Es que esta visión ha perdido vigencia?, no necesariamente, pero la situación nacional abre un nuevo escenario a desarrollarse en los próximos dos años. La minería ha crecido a pesar de las acciones e inacciones de los gobiernos nacional y provinciales y su ciclo económico transciende al ciclo local.

YA VEMOS EL ICEBERG..... ALLA VAMOS.....

Desde marzo pasado, el escenario parece haber cambiado sustancialmente, sin embargo los problemas ya estaban planteados y la crisis del campo sólo actuó como catalizador, poniéndolos en evidencia y acelerando los tiempos:

· El stock de deuda pública supera a la de diciembre 2001, sin tener en cuenta a los holdouts (30.000 MU$). El mercado internacional de capitales y el local voluntario están cerrados. Las únicas fuentes de financiamiento local son: ANSES, Banco Nación, AFJP, Cias. de seguros, bancos locales (colocaciones compulsivas). Internacionalmente sólo contamos con Venezuela como opción voluntaria, con tasas de default (15%), similares a las del megacange, a pocos meses del default 2001; mientras Brasil o Perú se endeudan al 5-6%.

· Los vencimientos de deuda durante el 2009, capital e intereses son por 25.800 MU$, de los cuales 13.000 MU$ son impostergables y su renegociación (Roll-Over) en forma voluntaria, utópica. El eventual uso de reservas del BCRA para pagar deuda deja M1+M2 con menor respaldo. El actual poder de fuego real del BCRA (descontando las Lebacs y Nobacs: 16.000 MU$) ante una corrida cambiaria, es <25.000> $4 por dólar.

· El virtual default del 42% de la deuda pública en Pesos ajustable por CER (180.000 M$), al falsear la información de INDEC, puede desencadenar reclamos legales de alcance inimaginable en un futuro próximo. Cada punto del IPC mentido son 1.800 M$ defaultedos. Mientras tanto los subsidios a tarifas y transporte siguen creciendo, 2005: 4.000 M$, 2006: 8.000 M$, 2007: 18.000 M$, proyectado 2008: 35.000 M$.

· El gasto público crece a un ritmo cercano al 40%, mientras los ingresos lo hacen al 31%; a fin de 2008, el gasto acumulado superaría en no menos de 75% al de fines de 2006. Prácticamente todas las provincias ya están con déficit fiscal. Comparando las transferencias a provincias de los primeros 7 meses del 2008 contra 2007, sólo se han incrementado un 3%, y a los municipios, un 7%, una fuerte caída a valores constantes. La caja de la Nación está agotada.

Ya estamos en un escenario de incremento de precios, con una inflación anual real del 25-30% e inflación reprimida por tarifas congeladas y acuerdos de precios, de ±100% y a las puertas del déficit fiscal. Este deterioro de las cuentas, ante la imposibilidad de incrementar la presión impositiva y de contar con financiamiento voluntario nos encamina al default de la deuda pública. Ya el año pasado el Estado recurrió a la virtual confiscación parcial de los depósitos en las AFJP, por medio de la “contrarreforma provisional”, de modo tal de poder dibujar las cuentas fiscales, disfrazándolo de ingreso corriente y asumiendo futura deuda previsional. Es posible que el Estado recurra a nuevas confiscaciones y hasta utilice reservas del BCRA para financiarse (violando su Carta Orgánica, que eventualmente puede intentar modificar), con el previsible impacto en el tipo de cambio e inflación.

Todo sistema que acumula tensiones internas, es inestable y en algún momento ajusta sus variables a nuevos niveles de equilibrio. La ciencia económica nos brinda instrumentos correctivos que, aplicados a tiempo, disminuyen el impacto y hacen a los cambios socialmente sustentables. Siempre y cuando el poder político logre venderle a la población la necesidad del sacrificio y un horizonte venturoso al final del camino. El gobierno no tiene la capacidad intelectual para advertir el problema, ni el capital político para enfrentar semejante desafío. Y en caso de comprenderlo y concebir las soluciones técnicas como posibles, serían descartadas por razones ideológicas. La inacción del gobierno, o peor aún, su respuesta equivocada hará inevitable una nueva crisis económica.

Estamos presenciando el fracaso del modelo populista instaurado en el 2002, la etapa final del ciclo de recuperación 2002-2006. Esta recuperación se alimentó de la fuerte devaluación inicial, ya licuada por la inflación, y en capacidad ociosa energética e industrial, cuyos stocks de capital ya hemos consumido ante la falta de inversión. Su extensa duración se sustentó en la caída del Dólar y en la suba de precios de nuestros comodities exportables agrícolas; la actual reversión de esas tendencias acelerará el final.

PERCEPCIONES: CAMBIA LA SOCIEDAD,.... CAMBIAN LOS GOBIERNOS....

Y en ese tétrico panorama, ante la catástrofe, la minería puede prosperar?. La próxima y cercana crisis, cuya magnitud e impacto es difícil de prever, afectará el comportamiento de los actores políticos y sociales.

A pesar que la mitad de las provincias potencialmente mineras plantean serias limitaciones y hasta la virtual prohibición legal de la minería en su territorio, Argentina Mining 2008 nos mostró un sector minero muy activo, con nuevos proyectos en etapa de prefactibilidad y algunos en desarrollo e inminente puesta en funcionamiento. Pero quizá lo más importante, es que los proyectos en las provincias hostiles a la actividad, siguen siendo sostenidos por las empresas, puestos en reserva, sin bajar los brazos ante las presentes y futuras batallas legales y frente a la opinión pública. Se pueden ganar esas batallas?.

El ejemplo de crecimiento y financiamiento público sanjuanino empieza a ser atractivo para los gobiernos provinciales, al ver crecer sus cuentas en rojo. La caída de la actividad económica y la imposibilidad de incrementar la carga impositiva convierten a la minería en una atractiva fuente de crecimiento, empleo y recursos. Los sectores económicos que antes se oponían a la minería, están entendiendo que si no se admite el desarrollo de otras actividades, deberán soportar nuevas cargas fiscales, o el final de los subsidios que perciben.

Agotado el experimento populista y ante una crisis económica en desarrollo, las expectativas sociales mutan rápidamente. La percepción y valoración que gobierno y sociedad tienen de la inversión extranjera directa van cambiando de signo ante el abismo, y se transforman totalmente luego de la crisis. Esta vez el cambio, es a favor de la minería.

La actividad antiminera será un divertimento de la militancia, de los perdedores de otras batallas, de los que siguen añorando el muro, de los apologistas del subdesarrollo. Lo hemos visto en Argentina Mining 2008, donde los manifestantes ante el Centro de Congresos y Exposiciones eran 42, los contamos. Seguirán existiendo los cantautores y cineastas que se opongan a la actividad, la “minería extranjera expoliadora y contaminante” continuará siendo tema de debate en ciertos círculos universitarios, pero su impacto ante los medios y opinión pública quedará reducido a la anécdota.

UNA OPORTUNIDAD???

Durante años hemos intentado sin éxito difundir nuestra actividad. Una y otra vez hemos explicado que la minería es una herramienta del desarrollo, que existe la legislación, los medios de control y la voluntad de las empresas para hacerla ambientalmente sustentable. No fuimos escuchados.

En los últimos meses nos han dado prensa, nos han pedido que expliquemos, nos han llamado, quieren saber. Es nuestra oportunidad de conseguir el tibio apoyo de los gobiernos y la neutralidad de la gente, sólo eso, que nos dejen hacer.

Los problemas siguen vigentes, la pregunta es la misma, crecimiento o desarrollo?. La única diferencia es el cambio en la percepción de la gente ante el abismo que se avecina, y la necesidad de los gobiernos de obtener financiamiento. No debemos desperdiciar esta oportunidad de explicar y demostrar con nuestros proyectos que la minería es ambiental y socialmente sustentable, obteniendo la licencia social para crear valor, para las empresas y para la comunidad.

Mi agradecimiento al economista, Dr. Juan Carlos de Pablo, por la lectura crítica y comentarios.

MINERIA EN ARGENTINA: CRECIMIENTO O DESARROLLO?

· Publicado en Actividad Minera Revista Nº 80 – Año XV – Noviembre Diciembre 2007 – Buenos Aires, 29-47.

· Publicado en Mining Press – Diario Minero – 7 de marzo 2008.

SE PLANTEA LA DUDA

La Secretaría de Minería de la Nación nos bombardea permanentemente con buenas noticias sobre el crecimiento de la inversión, el avance de nuevos proyectos y la incorporación de más empresas a la actividad exploratoria. Sin duda, el fuerte incremento de las exportaciones, de la mano de la puesta en producción de grandes proyectos y la próxima apertura de algunos yacimientos chicos y medianos, son datos indiscutibles y auspiciosos. Sin intentar empalidecer semejante fiesta, surgen algunas reflexiones y dudas sobre la sustentabilidad del desarrollo minero en Argentina.

Es posible seguir incorporando empresas y proyectos?, las bases del crecimiento minero son firmes?. Las dificultades originadas en la presión social de los grupos antimineros, su impacto en la opinión pública y las acciones demagógicas de algunos gobiernos provinciales, son los únicos factores que ponen en riesgo este crecimiento?. Existen factores sistémicos mas profundos que estamos pasando por alto, de mayor relevancia y difícil corrección, que pueden frenar la expansión de la actividad?.

LA MINERIA NO ES UNA ISLA

Ninguna actividad es ajena al entorno político-económico que la rodea. La actividad minera en el país es producto de las reformas llamadas “neoliberales” de la década pasada. Dichas reformas fueron la respuesta al fracaso de las experiencias socialdemócrata y los experimentos populistas que desde los años 30 y hasta fines de los 80 del siglo pasado intentaron, sin resultado alguno, promover el desarrollo económico y social en Latinoamérica y en Argentina en particular.

Como bien lo describe Alvaro Vargas Llosa (2004), América Latina ensayó sin éxito diversas formas de socialismo durante casi todo el siglo XX. Desde el estalinismo castrista hasta el fascismo peronista, con escalas en el Brasil de Getulio Vargas, el PRI mexicano o la Nicaragua sandinista, todo el espectro del autoritarismo, del intervencionismo y del dirigismo estatal fue puesto a prueba alcanzando diversos grados de catástrofe. Ante estos continuados desastres, a partir de finales de los ochenta del siglo pasado, y durante los años 90, comenzaron las reformas hacia el mercado y la desregulación, dirigidas por políticos muy diferentes, pero unidos en la convicción de que todas las versiones del populismo latinoamericano habían fracasado sin remedio y se hacía necesaria una nueva estrategia.

Pocos años más tarde el pesimismo también se extendía al campo de los reformistas, llamados “neoliberales”. Aparentemente, el abandono del estatismo no había producido efectos beneficiosos, aumentaba el número de pobres y se producían graves crisis financieras.

Las reformas llamadas “capitalistas” o “neoliberales” de los años 90 fueron incapaces de liberar a los ciudadanos de un Estado opresivo. Desde principios de este siglo, fueron percibidas como un fracaso por la sociedad, abriendo las puertas a una nueva oleada de gobiernos de izquierda, salvando las diferencias cualitativas y cuantitativas, desde el populismo chavista, o el indigenismo de Morales en Bolivia, a las moderadas expresiones socialistas de Chile o Uruguay, la sociedad reclama una mayor intervención del Estado en la vida de las personas.

Las razones del fracaso

Alvaro Vargas Llosa (2004) explica estos fracasos: “ni los rasgos culturales ni las instituciones prevalecientes en América Latina conducen a la estabilidad y a la prosperidad creciente. Y ni siquiera es la consecuencia de la herencia ibérica, como se ha dicho tantas veces, pues en las civilizaciones precolombinas, dentro de sus propios códigos, también existían cinco elementos parecidos a los que hoy impiden o retardan el progreso: el corporativismo, el mercantilismo de Estado, los privilegios, la redistribución arbitraria de recursos y la politización del Derecho”

Cuestiona: ¿Por qué fracasaron las reformas “neoliberales” de los 90 en Latinoamérica?: porque los “cinco principios de la opresión”, permanecen incólumes e intocables, vigentes incluso desde antes de Colón. Son los mismos factores que ya hicieron fracasar antes de los 90 a todos los experimentos populistas y recetas de izquierda desde la “centromoderada” hasta la más delirante.

Los cinco principios de la opresión mencionados por Alvaro Vargas Llosa son:

· Corporativismo, tratamiento dado a la persona individual no como tal, sino en cuanto miembro de su casta, grupo, categoría o asociación,.

· Privilegios discriminatorios, repartidos o negados según se pertenezca o no a una corporación.

· Mercantilismo de Estado, repartidor y árbitro supremo de los privilegios que da y quita. Es el Estado, en vez del mercado, el que asigna ganadores y perdedores.

· Transferencia de riqueza ascendente, desde la base social a la cúspide privilegiada. Tanto sea hacia los ganadores de turno elegidos, como a la privilegiada burocracia estatal.

· Ley como herramienta política, al servicio de las corporaciones privilegiadas y su parasitismo, del cual el Estado es instrumento.

Coloca el corporativismo y los privilegios corporativos a la cabeza del sistema mercantilista de Estado, del cual la redistribución ascendente de la riqueza es su más perversa consecuencia, y la ley política su principal instrumento. La postura liberal defiende libertades individuales; el mercantilismo, privilegios corporativos.

La única forma de abrirse paso en una sociedad regida por estos principios, es influir en el proceso político, que constituye la fuente del derecho, el origen de las leyes. Es en el campo de batalla de la ley política, no en el mercado, donde se da la verdadera competencia. La energía no está dirigida a producir riqueza, a crear valor, sino a torcer la ley en beneficio propio, transfiriendo riqueza ajena.

El corporativismo desencadena el mercantilismo de Estado, porque, siendo los derechos precarios, el gobierno define quienes son los ganadores y perdedores. El mercantilismo a su vez, genera privilegio, que se asienta en la transferencia de riqueza y la ley política consolida el sistema.

Las reformas de los 90 no eliminaron estos mecanismos de opresión, en todo caso, cambiaron los actores, donde los monopolios estatales mutaron en privados. En Argentina, a partir del 2002, estos mecanismos se han reforzado, el Estado siguió asignando ganadores y perdedores, por medio de una complicada red de subsidios, aranceles diferenciales, normativas, regulaciones, retenciones, promociones, confiscaciones, cupos y todo mecanismo posible para afectar los derechos de propiedad. En palabras de Vargas Llosa: “el tipo de arreglo bajo el cual el Estado intercambia derechos de propiedad por ingresos fiscales y crédito es siempre una fuente de inestabilidad. El compromiso puede ser roto por futuros gobiernos cuando es el Estado y no el Derecho es el que garantiza la propiedad.”

Sin llegar a una total planificación económica, ya Hayek (1944) nos alertaba sobre la emergencia del “crony capitalism” (capitalismo de amigos) y de cómo la aplicación discrecional de la ley podía llevar a la captura de renta, mediante favores desde el Estado.

Hace más de 60 años Hayek nos advertía que la “planificación centralizada" nos lleva inadvertidamente hacia un “camino de servidumbre", con el desmantelamiento del sistema de libre mercado, terminando en la destrucción de toda libertad individual, tanto económica como personal. La pérdida de las libertades económicas y la limitación del derecho de propiedad conducen inevitablemente a la pérdida de las libertades públicas. Sin llegar a los extremos totalitarios de otras latitudes y épocas, hemos visto como en los últimos años el Estado, gracias a su intervención en la economía logra la imposición de conductas, mediante la autocensura, persuasión, cooptación de voluntades, llegando a la extorsión sobre los individuos, empresas y medios de prensa.

VOLVAMOS A LA MINERIA

Desde principios de los 90, cuando los cambios en la legislación minera apenas se insinuaban y hasta pocos años después de aprobada la ley 24.196, hacer minería en Argentina era bastante sencillo, al menos en algunas provincias. Bastaba con tener buenas ideas de exploración, saber buscar la información, realizar la cobertura legal y salir a buscar interesados en invertir para seguir explorando.

Con el tiempo, una actividad que no le importaba a nadie, fue despertando el interés de numerosos actores, estatales, públicos y privados, que vieron la posibilidad de posicionarse para parasitarla o una buena oportunidad de refrescar sus delirios militantes. A ellos se suman los intereses locales en evitar el desarrollo de las economías regionales, manteniendo prácticas laborales tan precarias que hasta incluyen a trabajadores indocumentados y trabajo infantil.

Una actividad que nació abierta, que se nutría en la libre competencia, el acuerdo entre las partes y con bajas barreras de entrada, en poco tiempo se convirtió en una carrera de obstáculos.

Acceso a la propiedad

El Código de Minería (CMN - Ley 1.919), uno de los códigos fundamentales de nuestro sistema legislativo, está vigente desde 1887 y es fruto del pensamiento liberal de la época. Garantiza en forma igualitaria el acceso a la propiedad minera para todo aquel emprendedor que realizara un descubrimiento, por medio de la “concesión legal”. Los artículos 8, 9 y 10 excluyen textualmente al Estado de realizar cualquier acto de administración, disposición o de toda función empresaria, estableciendo el sistema regalista para el régimen de dominio y explotación.

Sin embargo, el Estado Nacional ha tenido numerosas áreas de reserva para exploración, heredadas de las facultades otorgadas por el derogado Título XVIII del CMN. En el Acuerdo Federal Minero (1993) se las transfiere a las provincias y se las faculta para su licitación, asimismo establece que las zonas de protección a que se refiere el Título XVIII del CMN, no podrán ser renovadas ni por los Gobiernos, ni por las entidades Estatales que menciona el mismo. Dispone que las Empresas provinciales, estatales o mixtas del área de minería no tendrán privilegio alguno en relación con las empresas del sector privado. Por este mecanismo, varios entes públicos provinciales licitaron y otorgaron proyectos mineros con diferentes mecanismo, desde la simple adjudicación de la propiedad, hasta formas societarias, con participación estatal.

Así es como algunas provincias utilizan organizaciones estatales que median entre las antiguas áreas de reserva y los inversores, cumpliendo una función totalmente innecesaria, pues, de haber sido liberadas las áreas, hubieran sido de todos modos exploradas. Nuevamente el Estado asignando concesiones, repartiendo propiedades y haciéndose socio de algo que no contribuyó a obtener, alimentando burocracias privilegiadas gracias a prácticas de mercantilismo de Estado.

En la reforma al CMN (Ley 24.498 – 1995) se norma la investigación geológico-minera de base, estableciendo límites en tamaño y plazos de vigencia para nuevas zonas exclusivas de interés, dando amplia libertad en la modalidad de concurso para su transferencia al sector privado.

Este mecanismo asegura la supervivencia de esas organizaciones burocráticas estatales, que absorben recursos del sector minero y de la sociedad, sin contraprestación visible alguna, constituyéndose en competencia desleal frente a los exploradores independientes. Las disposiciones legales mencionadas son claros ejemplos del la ley política al servicio del mercantilismo de Estado, elaborando mecanismos de financiamiento de burocracias privilegiadas, dándole facultades de asignar ganadores y perdedores.

Cuando el petróleo era un mineral ............

Para comprender el efecto devastador de la intervención estatal en la explotación de recursos mineros, es necesario recordar la historia de los hidrocarburos.

El 13 de diciembre se conmemora el Día del Petróleo, aniversario del hallazgo del primer yacimiento en Comodoro Rivadavia mientras perforaban en busca de agua. Sin embargo, el primer pozo petrolífero en Argentina, no fue en Comodoro Rivadavia en 1907. Varios años antes, en 1886, el ingeniero alemán Carlos Fader (padre del pintor Fernando Fader) con su Compañía Mendocina de Petróleo, inició la perforación de varios pozos en Cacheuta y construyó un oleoducto de 35 Km., el primero en América del Sur, para abastecer la planta de gas que iluminaba las calles de Mendoza. Todo incipiente intento privado de explotación petrolífera fue abortado gracias a la intervención estatal, desde principios del siglo XX.

Desde la promulgación del Código de Minería y hasta 1935 (Ley 12.161), los aceites minerales (hidrocarburos) se incluían entre las sustancias de primera categoría. En la práctica, el CMN había dejado de aplicarse desde 1907 para el petróleo, año en que se dictó el primer decreto de reserva fiscal, seguido por numerosos otros en diversas regiones del país. De esta manera, el Poder Ejecutivo Nacional tomó control de la actividad petrolífera, sentando las bases de la política petrolera del Estado, en abierta contradicción con lo establecido en el CMN. Esa política de Estado se mantuvo hasta los años 90, convirtiendo a la Argentina en neto importador de hidrocarburos. A principios de los 90, gracias a un sistema de concesiones de áreas de exploración-explotación, el país logró su autoabastecimiento con considerables saldos exportables. El alcance limitado de las concesiones a plazo fijo, que a lo sumo constituyen un derecho de propiedad precario y temporal, sumado a la intervención estatal en los precios a partir del 2002, nos ha arrastrado a las clásicas crisis energéticas recurrentes y ha logrado que en escasos años, seamos nuevamente importadores de hidrocarburos.

Nuevos actores corporativos

Hemos sufrido la promulgación de varias leyes provinciales que limitan y hasta impiden la explotación minera. Una interpretación simplista es creer que los gobernantes y legisladores sufren un repentino ataque de demagogia y estupidez, que los hace cualitativa y cuantitativamente mas ineptos que sus colegas de otros lugares del mundo. Una explicación tranquilizadora, que nos mueve a pensar como solución intentar educar y difundir las ventajas del desarrollo minero sustentable, o simplemente, esperar que vengan personas más capaces a ocupar sus funciones. Los que lo hemos intentado (Carotti, 1998), nos vimos sometidos al fracaso. En realidad, los funcionarios de gobierno reaccionan parecido en todas partes del mundo, el problema son los estímulos.

Recordemos el caso del proyecto Santa Clara en Mendoza. La cobertura legal fue realizada entre marzo y abril de 1993. En febrero de 1994 se firmó un contrato de Exploración con opción a Compra con N.A. Degerstrom, luego transferido a su controlada, Minera Andes. En el mismo febrero, la empresa inició la exploración del área. El 3 de marzo del 1994 el Congreso de Mendoza aprobó la Ley provincial 6116 de ampliación de la reserva natural Tupungato, fijando nuevos límites, dentro de los que se incluyeron la casi totalidad de los derechos mineros que cubrían legalmente el proyecto, provocando la paralización de las tareas de exploración.

Ante la ampliación del Parque Tupungato, los propietarios y N.A. Degerstrom debieron renegociar aplazamientos, suspendiendo fechas y obligaciones contractuales, y encarar una acción conjunta ante las autoridades del Gobierno de Mendoza, para hacer valer los derechos mineros previos. Luego de casi tres años el Congreso de Mendoza sancionó, el 3 de enero de 1997, la Ley 6459, que autoriza la exploración y explotación dentro del área de los derechos mineros previos a la ampliación.

En los últimos tres años, una actitud similar del gobierno y legislatura, restituyendo el derecho, sería imposible, a pesar que la preparación, potencial demagógico y hasta las personas son prácticamente las mismas. Sin embargo, algo ha cambiado en estos últimos años.

Desde hace pocos años, se han incrementado las tendencias anárquicas de nuestra sociedad, promoviendo el nacimiento de nuevos actores corporativos que operan mediante la acción directa y la extorsión piqueteras, para obtener prebendas para si, para sus dirigentes o beneficios no confesos para actores y promotores encubiertos. Es el caso de los grupos “antimineros”, que detrás del “fundamentalismo ambientalista” (Carotti, 1998) combaten el desarrollo regional, beneficiando a corporaciones agrícolas que usufructúan sistemas laborales precarios de baja productividad. Estos grupos también son promovidos y usados para dirimir luchas internas de poder entre diferentes facciones partidarias, desde el gobierno o de la oposición.

El daño producido al sector minero, la limitación de los derechos de propiedad promovido por los grupos “antimineros”, no es mas que la lógica reacción de los gobiernos provinciales ante nuevos grupos corporativos que nacen anárquicamente y extorsionan con su accionar directo a toda la sociedad. La promulgación de leyes que limitan el derecho de propiedad minera no es más que la ley política aplicada bajo la presión de grupos corporativos.

De mas está decir que intentar explorar Santa Clara bajo estas condiciones es inviable, por más que la ley 6459, así lo habilite.

Nuevas barreras de entrada.

Según propias palabras de Hayek: “....la competencia, ... es el único método que permite a nuestras actividades ajustarse a las de cada uno de los demás sin intervención coercitiva o arbitraria de la autoridad. En realidad, uno de los principales argumentos a favor de la competencia estriba en que ésta evita la necesidad de un “control social explícito” y da a los individuos una oportunidad para decidir si las perspectivas de una ocupación particular son suficientes para compensar las desventajas y los riesgos que lleva consigo”.

En un ámbito de libre concurrencia, el universo de actores económicos puede ser concebido como una pirámide, donde en la vertical se ordenan por tamaño, con pequeños y numerosos actores en su base y escasos y poderosos actores en su cúspide. Por la base entran los nuevos actores, las ideas y negocios van madurando y ascendiendo hasta que son tomados por las grandes corporaciones, o se convierten en fuente de movilidad de los mismos actores. El desarrollo de toda actividad está dada en mantener barreras de entrada lo mas bajas posibles para promover la incorporación de actores con nuevas ideas y negocios, que alimenten a los actores ya incorporados e incluso se conviertan en factor de movilidad de los mismos. Para la minería en particular, por cada Barrick o Rio Tinto en la cúspide, debe haber numerosas Exeter, Intrepid o Viceroy en el medio y un sinfín de exploradores independientes en la base.

Estamos frente a dos concepciones antagónicas del Estado, el Estado como árbitro entre corporaciones o el Estado como promotor y garante de las libertades individuales. Para el Estado corporativo, donde el mismo y su burocracia devienen en corporación, la abundancia de actores individuales, sujetos a las elementales reglas de mercado, se convierte en algo incomprensible e inmanejable. El estado corporativo requiere pocos interlocutores identificables, y a su modo de ver, predecibles; para ello establece barreras de entrada de modo tal de reducir la incorporación de nuevos actores e incluso expulsarlos, reduciendo la competencia.

Persiguiendo al “especulador”.....

Hemos escuchado numerosas veces a autoridades mineras provinciales sobre su intención de limitar el acceso a la propiedad a los “especuladores”, en un intento de reducir el número de actores, con la intención de que sólo queden los considerados “serios”. Incluso han llegado a instalar mecanismos de “agilización” de trámites, para poder limpiar el padrón de estos indeseados individuos. Independientemente que esta idea contradice el espíritu y la letra del CMN, atenta contra las bases de la sana competencia y priva a la actividad de una fuente rica en ideas y negocios mineros. Numerosos proyectos han sido elaborados, cubiertos legalmente, mantenidos, promovidos y hoy son parte de la cartera de proyectos de varias empresas, gracias a los “especuladores”. De hecho, existiendo la posibilidad de libre acuerdo entre las partes, no conozco ningún caso en que la dispersión de derechos mineros entre muchos propietarios, haya sido un obstáculo para la exploración minera.

Protección ambiental y las nuevas cabinas de “peaje”

La Ley N° 24.585, de Protección Ambiental, dice textualmente en su Art. 9º: “La autoridad de aplicación se expedirá aprobando o rechazando en forma expresa el Informe de Impacto Ambiental en un plazo no mayor de sesenta (60) días hábiles desde que el interesado lo presente.”

Las autoridades de aplicación provinciales han incorporado numerosas instancias de consulta y opinión, convirtiendo un trámite que según la ley debiera hacerse en 60 días, en una carrera de obstáculos de tiempo indefinido y futuro incierto. Se han incorporado nuevos actores y opinadores, desde ONGs, pasando por municipios, consultas populares, asambleas y organismos técnicos de todo tipo. Cada nueva instancia se convierte en una otra “cabina de peaje” por donde el proyecto debe pasar, abriendo las puertas a prácticas extorsivas.

Obtener la Declaración de Impacto Ambiental se ha convertido en un proceso lento, de resultado y costo incierto, sin que ello dependa necesariamente de las virtudes ambientales del proyecto, una tarea que debe ser repetida ante cada una de las etapas del mismo.

La anarquía federal y la Nación ausente.

Poco a poco el mapa del país se va llenando de provincias con políticas antimineras. Los grupos de acción directa van migrando y expandiendo su piqueterismo ambientalista, al servicio de empresarios agrícolas, de internas políticas o de delirios militantes. Se convierten en grupos corporativos que presionan a los gobiernos provinciales que, cediendo ante la extorsión o por convicción demagógica, establecen normas legales que limitan o destruyen los derechos de propiedad mineros.

Ante el avance de la antiminería, el Gobierno Nacional no hace absolutamente nada. Sigue manifestando estar a favor del desarrollo sustentable de la minería, se regodea en las cifras de exportación, empleo, metros perforados, etc., mientras se sigue atentando contra los derechos de propiedad, van cayendo los proyectos y más provincias se cierran a la exploración minera.

Incremento de costos, incertidumbre y TIR.

En los últimos 10 años, el incremento de cánones y tasas provinciales ha superado ampliamente el de cualquier otro impuesto nacional o provincial, sin embargo, los costos indirectos, de difícil predicción, son los que generan la mayor incertidumbre.

Se pueden prever gastos normales en asesoramiento legal y estudios ambientales, cuando los trámites y procedimientos legalmente establecidos se respetan. En la práctica, cuando los procedimientos son impredecibles, y se suman continuamente nuevas instancias, actores y “cabinas de peaje”, el costo real de asesoramiento legal, ambiental, de imagen y relaciones públicas, además de los costos implícitos en demoras administrativas son difíciles de estimar. Cuando los inversores perciben un mayor riesgo, reaccionan exigiendo al proyecto un incremento de la TIR, lo que aumenta la ley de cabeza, destruyendo parte del mineral.

La sola posibilidad de que se incrementen las regalías, o se instauren retenciones a la exportación, agrega un factor de incertidumbre tal que pone en riesgo cualquier intento de factibilidad. Gran parte de la sociedad y la clase política están convencidos que las regalías salen de las ganancias de las empresas. Sabemos perfectamente que las regalías son un costo, y que su existencia e incremento, lo único que generan es la elevación de la ley de cabeza, disminuyendo la vida del proyecto. Eso significa menos años pagando sueldos, impuestos y consumiendo bienes y servicios, destruyendo el valor del mineral de menor ley, que no podrá ser explotado.

CRECIMIENTO O DESARROLLO?

El desarrollo de toda actividad económica y más aún la minería, requiere un marco de reglas claras, estables y de cumplimiento posible. Un ambiente competitivo, con bajas barreras de entrada, libre contratación entre las partes y protección de los derechos de propiedad, asegura la permanente generación de proyectos con la concurrencia de numerosos actores invirtiendo sus recursos. De esa forma, los riesgos quedan limitados a los propios de la actividad de exploración, explotación, a las buenas artes de los actores, a la bendición de la naturaleza, y a las variaciones de cotización en los mercados.

Estas condiciones no son el marco en que la minería argentina está creciendo. El ambiente actual comprende limitaciones al derecho de propiedad, la posibilidad de que en cualquier momento surjan nuevas limitaciones, el accionar extorsivo de los actores corporativos, el surgimiento anárquico de nuevos actores, incertidumbre respecto a los plazos, interlocutores y exigencias ambientales, instaurando nuevas “cabinas de peaje”, la ausencia del Estado Nacional acotando los dislates de algunos gobiernos provinciales, incremento e incertidumbre en los costos. El resultado es una disminución de las provincias y territorios donde se puede explorar y un permanente incremento de la TIR exigida a los proyectos, con la consiguiente destrucción de parte del mineral.

Seguimos inmersos en un sistema corporativista donde la discrecionalidad del Estado asigna ganadores y perdedores, transfiriendo riqueza a los sectores privilegiados merced a la utilización de la ley como herramienta política.

En los últimos 60 años, la economía argentina ha sufrido ciclos “stop and go”, limitados por estallidos de déficit público, default, inflación y devaluación. Estallidos donde no necesariamente están presentes los cuatro componentes como a fines del 2001 – principios del 2002, pero al menos dos de ellos son omnipresentes. Sin embargo, el ciclo minero es mucho más extenso y responde a los pulsos de inversión extranjera directa, promovida por políticas públicas favorables a la inversión externa de riesgo. Antes de los 90, el ciclo anterior fue a fines del siglo XIX, principios del XX y la herencia de ese período fueron las minas Aguilar y Pirquitas entre otras. Actualmente el ciclo se está agotando, sólo persiste en algunas provincias y depende de la buena predisposición de alguna gestión provincial, cuyos dirigentes pueden ser reemplazados por la oposición en cualquier momento.

Si seguimos por este camino, en el futuro próximo estaremos con tres o cuatro grandes proyectos maduros en explotación, algunas minas medianas a pequeñas en producción y una cantidad limitada de proyectos localizados en escasas provincias favorables. Una vez agotado el presente ciclo, esperemos que no deban transcurrir otros 80 años para que la minería vuelva a crecer, y que esta vez, el crecimiento se convierta en desarrollo.

REFERENCIAS

- Carotti, Martín, 1998. Ventaja competitiva en la exploración minera. X Congreso Latinoamericano de Geología - VI Congreso Nacional de Geología Económica, Actas III: 8-12. Expuesto en argentina Mining 2000.

- Hayek, Friedrich A., 1944. Camino de servidumbre. Alianza Editorial, Madrid (2006).

- Vargas Llosa, Alvaro, 2004. Rumbo a la libertad. Por qué la izquierda y el “neoliberalismo” fracasan en América Latina. Planeta, Buenos Aires.

Mi agradecimiento al economista, Dr. Juan Carlos de Pablo, por la lectura crítica y comentarios.