· Publicado en Actividad Minera Revista Nº 80 – Año XV – Noviembre Diciembre 2007 – Buenos Aires, 29-47.
· Publicado en Mining Press – Diario Minero – 7 de marzo 2008.
SE PLANTEA LA DUDA
La Secretaría de Minería de la Nación nos bombardea permanentemente con buenas noticias sobre el crecimiento de la inversión, el avance de nuevos proyectos y la incorporación de más empresas a la actividad exploratoria. Sin duda, el fuerte incremento de las exportaciones, de la mano de la puesta en producción de grandes proyectos y la próxima apertura de algunos yacimientos chicos y medianos, son datos indiscutibles y auspiciosos. Sin intentar empalidecer semejante fiesta, surgen algunas reflexiones y dudas sobre la sustentabilidad del desarrollo minero en Argentina.
Es posible seguir incorporando empresas y proyectos?, las bases del crecimiento minero son firmes?. Las dificultades originadas en la presión social de los grupos antimineros, su impacto en la opinión pública y las acciones demagógicas de algunos gobiernos provinciales, son los únicos factores que ponen en riesgo este crecimiento?. Existen factores sistémicos mas profundos que estamos pasando por alto, de mayor relevancia y difícil corrección, que pueden frenar la expansión de la actividad?.
Ninguna actividad es ajena al entorno político-económico que la rodea. La actividad minera en el país es producto de las reformas llamadas “neoliberales” de la década pasada. Dichas reformas fueron la respuesta al fracaso de las experiencias socialdemócrata y los experimentos populistas que desde los años 30 y hasta fines de los 80 del siglo pasado intentaron, sin resultado alguno, promover el desarrollo económico y social en Latinoamérica y en Argentina en particular.
Como bien lo describe Alvaro Vargas Llosa (2004), América Latina ensayó sin éxito diversas formas de socialismo durante casi todo el siglo XX. Desde el estalinismo castrista hasta el fascismo peronista, con escalas en el Brasil de Getulio Vargas, el PRI mexicano o la Nicaragua sandinista, todo el espectro del autoritarismo, del intervencionismo y del dirigismo estatal fue puesto a prueba alcanzando diversos grados de catástrofe. Ante estos continuados desastres, a partir de finales de los ochenta del siglo pasado, y durante los años 90, comenzaron las reformas hacia el mercado y la desregulación, dirigidas por políticos muy diferentes, pero unidos en la convicción de que todas las versiones del populismo latinoamericano habían fracasado sin remedio y se hacía necesaria una nueva estrategia.
Pocos años más tarde el pesimismo también se extendía al campo de los reformistas, llamados “neoliberales”. Aparentemente, el abandono del estatismo no había producido efectos beneficiosos, aumentaba el número de pobres y se producían graves crisis financieras.
Las reformas llamadas “capitalistas” o “neoliberales” de los años 90 fueron incapaces de liberar a los ciudadanos de un Estado opresivo. Desde principios de este siglo, fueron percibidas como un fracaso por la sociedad, abriendo las puertas a una nueva oleada de gobiernos de izquierda, salvando las diferencias cualitativas y cuantitativas, desde el populismo chavista, o el indigenismo de Morales en Bolivia, a las moderadas expresiones socialistas de Chile o Uruguay, la sociedad reclama una mayor intervención del Estado en la vida de las personas.
Las razones del fracaso
Alvaro Vargas Llosa (2004) explica estos fracasos: “ni los rasgos culturales ni las instituciones prevalecientes en América Latina conducen a la estabilidad y a la prosperidad creciente. Y ni siquiera es la consecuencia de la herencia ibérica, como se ha dicho tantas veces, pues en las civilizaciones precolombinas, dentro de sus propios códigos, también existían cinco elementos parecidos a los que hoy impiden o retardan el progreso: el corporativismo, el mercantilismo de Estado, los privilegios, la redistribución arbitraria de recursos y la politización del Derecho”
Cuestiona: ¿Por qué fracasaron las reformas “neoliberales” de los 90 en Latinoamérica?: porque los “cinco principios de la opresión”, permanecen incólumes e intocables, vigentes incluso desde antes de Colón. Son los mismos factores que ya hicieron fracasar antes de los 90 a todos los experimentos populistas y recetas de izquierda desde la “centromoderada” hasta la más delirante.
Los cinco principios de la opresión mencionados por Alvaro Vargas Llosa son:
· Corporativismo, tratamiento dado a la persona individual no como tal, sino en cuanto miembro de su casta, grupo, categoría o asociación,.
· Privilegios discriminatorios, repartidos o negados según se pertenezca o no a una corporación.
· Mercantilismo de Estado, repartidor y árbitro supremo de los privilegios que da y quita. Es el Estado, en vez del mercado, el que asigna ganadores y perdedores.
· Transferencia de riqueza ascendente, desde la base social a la cúspide privilegiada. Tanto sea hacia los ganadores de turno elegidos, como a la privilegiada burocracia estatal.
· Ley como herramienta política, al servicio de las corporaciones privilegiadas y su parasitismo, del cual el Estado es instrumento.
Coloca el corporativismo y los privilegios corporativos a la cabeza del sistema mercantilista de Estado, del cual la redistribución ascendente de la riqueza es su más perversa consecuencia, y la ley política su principal instrumento. La postura liberal defiende libertades individuales; el mercantilismo, privilegios corporativos.
La única forma de abrirse paso en una sociedad regida por estos principios, es influir en el proceso político, que constituye la fuente del derecho, el origen de las leyes. Es en el campo de batalla de la ley política, no en el mercado, donde se da la verdadera competencia. La energía no está dirigida a producir riqueza, a crear valor, sino a torcer la ley en beneficio propio, transfiriendo riqueza ajena.
El corporativismo desencadena el mercantilismo de Estado, porque, siendo los derechos precarios, el gobierno define quienes son los ganadores y perdedores. El mercantilismo a su vez, genera privilegio, que se asienta en la transferencia de riqueza y la ley política consolida el sistema.
Las reformas de los 90 no eliminaron estos mecanismos de opresión, en todo caso, cambiaron los actores, donde los monopolios estatales mutaron en privados. En Argentina, a partir del 2002, estos mecanismos se han reforzado, el Estado siguió asignando ganadores y perdedores, por medio de una complicada red de subsidios, aranceles diferenciales, normativas, regulaciones, retenciones, promociones, confiscaciones, cupos y todo mecanismo posible para afectar los derechos de propiedad. En palabras de Vargas Llosa: “el tipo de arreglo bajo el cual el Estado intercambia derechos de propiedad por ingresos fiscales y crédito es siempre una fuente de inestabilidad. El compromiso puede ser roto por futuros gobiernos cuando es el Estado y no el Derecho es el que garantiza la propiedad.”
Sin llegar a una total planificación económica, ya Hayek (1944) nos alertaba sobre la emergencia del “crony capitalism” (capitalismo de amigos) y de cómo la aplicación discrecional de la ley podía llevar a la captura de renta, mediante favores desde el Estado.
Hace más de 60 años Hayek nos advertía que la “planificación centralizada" nos lleva inadvertidamente hacia un “camino de servidumbre", con el desmantelamiento del sistema de libre mercado, terminando en la destrucción de toda libertad individual, tanto económica como personal. La pérdida de las libertades económicas y la limitación del derecho de propiedad conducen inevitablemente a la pérdida de las libertades públicas. Sin llegar a los extremos totalitarios de otras latitudes y épocas, hemos visto como en los últimos años el Estado, gracias a su intervención en la economía logra la imposición de conductas, mediante la autocensura, persuasión, cooptación de voluntades, llegando a la extorsión sobre los individuos, empresas y medios de prensa.
VOLVAMOS A LA MINERIA
Desde principios de los 90, cuando los cambios en la legislación minera apenas se insinuaban y hasta pocos años después de aprobada la ley 24.196, hacer minería en Argentina era bastante sencillo, al menos en algunas provincias. Bastaba con tener buenas ideas de exploración, saber buscar la información, realizar la cobertura legal y salir a buscar interesados en invertir para seguir explorando.
Con el tiempo, una actividad que no le importaba a nadie, fue despertando el interés de numerosos actores, estatales, públicos y privados, que vieron la posibilidad de posicionarse para parasitarla o una buena oportunidad de refrescar sus delirios militantes. A ellos se suman los intereses locales en evitar el desarrollo de las economías regionales, manteniendo prácticas laborales tan precarias que hasta incluyen a trabajadores indocumentados y trabajo infantil.
Una actividad que nació abierta, que se nutría en la libre competencia, el acuerdo entre las partes y con bajas barreras de entrada, en poco tiempo se convirtió en una carrera de obstáculos.
Acceso a la propiedad
El Código de Minería (CMN - Ley 1.919), uno de los códigos fundamentales de nuestro sistema legislativo, está vigente desde 1887 y es fruto del pensamiento liberal de la época. Garantiza en forma igualitaria el acceso a la propiedad minera para todo aquel emprendedor que realizara un descubrimiento, por medio de la “concesión legal”. Los artículos 8, 9 y 10 excluyen textualmente al Estado de realizar cualquier acto de administración, disposición o de toda función empresaria, estableciendo el sistema regalista para el régimen de dominio y explotación.
Sin embargo, el Estado Nacional ha tenido numerosas áreas de reserva para exploración, heredadas de las facultades otorgadas por el derogado Título XVIII del CMN. En el Acuerdo Federal Minero (1993) se las transfiere a las provincias y se las faculta para su licitación, asimismo establece que las zonas de protección a que se refiere el Título XVIII del CMN, no podrán ser renovadas ni por los Gobiernos, ni por las entidades Estatales que menciona el mismo. Dispone que las Empresas provinciales, estatales o mixtas del área de minería no tendrán privilegio alguno en relación con las empresas del sector privado. Por este mecanismo, varios entes públicos provinciales licitaron y otorgaron proyectos mineros con diferentes mecanismo, desde la simple adjudicación de la propiedad, hasta formas societarias, con participación estatal.
Así es como algunas provincias utilizan organizaciones estatales que median entre las antiguas áreas de reserva y los inversores, cumpliendo una función totalmente innecesaria, pues, de haber sido liberadas las áreas, hubieran sido de todos modos exploradas. Nuevamente el Estado asignando concesiones, repartiendo propiedades y haciéndose socio de algo que no contribuyó a obtener, alimentando burocracias privilegiadas gracias a prácticas de mercantilismo de Estado.
En la reforma al CMN (Ley 24.498 – 1995) se norma la investigación geológico-minera de base, estableciendo límites en tamaño y plazos de vigencia para nuevas zonas exclusivas de interés, dando amplia libertad en la modalidad de concurso para su transferencia al sector privado.
Este mecanismo asegura la supervivencia de esas organizaciones burocráticas estatales, que absorben recursos del sector minero y de la sociedad, sin contraprestación visible alguna, constituyéndose en competencia desleal frente a los exploradores independientes. Las disposiciones legales mencionadas son claros ejemplos del la ley política al servicio del mercantilismo de Estado, elaborando mecanismos de financiamiento de burocracias privilegiadas, dándole facultades de asignar ganadores y perdedores.
Cuando el petróleo era un mineral ............
Para comprender el efecto devastador de la intervención estatal en la explotación de recursos mineros, es necesario recordar la historia de los hidrocarburos.
El 13 de diciembre se conmemora el Día del Petróleo, aniversario del hallazgo del primer yacimiento en Comodoro Rivadavia mientras perforaban en busca de agua. Sin embargo, el primer pozo petrolífero en Argentina, no fue en Comodoro Rivadavia en 1907. Varios años antes, en 1886, el ingeniero alemán Carlos Fader (padre del pintor Fernando Fader) con su Compañía Mendocina de Petróleo, inició la perforación de varios pozos en Cacheuta y construyó un oleoducto de 35 Km., el primero en América del Sur, para abastecer la planta de gas que iluminaba las calles de Mendoza. Todo incipiente intento privado de explotación petrolífera fue abortado gracias a la intervención estatal, desde principios del siglo XX.
Desde la promulgación del Código de Minería y hasta 1935 (Ley 12.161), los aceites minerales (hidrocarburos) se incluían entre las sustancias de primera categoría. En la práctica, el CMN había dejado de aplicarse desde 1907 para el petróleo, año en que se dictó el primer decreto de reserva fiscal, seguido por numerosos otros en diversas regiones del país. De esta manera, el Poder Ejecutivo Nacional tomó control de la actividad petrolífera, sentando las bases de la política petrolera del Estado, en abierta contradicción con lo establecido en el CMN. Esa política de Estado se mantuvo hasta los años 90, convirtiendo a la Argentina en neto importador de hidrocarburos. A principios de los 90, gracias a un sistema de concesiones de áreas de exploración-explotación, el país logró su autoabastecimiento con considerables saldos exportables. El alcance limitado de las concesiones a plazo fijo, que a lo sumo constituyen un derecho de propiedad precario y temporal, sumado a la intervención estatal en los precios a partir del 2002, nos ha arrastrado a las clásicas crisis energéticas recurrentes y ha logrado que en escasos años, seamos nuevamente importadores de hidrocarburos.
Nuevos actores corporativos
Hemos sufrido la promulgación de varias leyes provinciales que limitan y hasta impiden la explotación minera. Una interpretación simplista es creer que los gobernantes y legisladores sufren un repentino ataque de demagogia y estupidez, que los hace cualitativa y cuantitativamente mas ineptos que sus colegas de otros lugares del mundo. Una explicación tranquilizadora, que nos mueve a pensar como solución intentar educar y difundir las ventajas del desarrollo minero sustentable, o simplemente, esperar que vengan personas más capaces a ocupar sus funciones. Los que lo hemos intentado (Carotti, 1998), nos vimos sometidos al fracaso. En realidad, los funcionarios de gobierno reaccionan parecido en todas partes del mundo, el problema son los estímulos.
Recordemos el caso del proyecto Santa Clara en Mendoza. La cobertura legal fue realizada entre marzo y abril de 1993. En febrero de 1994 se firmó un contrato de Exploración con opción a Compra con N.A. Degerstrom, luego transferido a su controlada, Minera Andes. En el mismo febrero, la empresa inició la exploración del área. El 3 de marzo del 1994 el Congreso de Mendoza aprobó la Ley provincial 6116 de ampliación de la reserva natural Tupungato, fijando nuevos límites, dentro de los que se incluyeron la casi totalidad de los derechos mineros que cubrían legalmente el proyecto, provocando la paralización de las tareas de exploración.
Ante la ampliación del Parque Tupungato, los propietarios y N.A. Degerstrom debieron renegociar aplazamientos, suspendiendo fechas y obligaciones contractuales, y encarar una acción conjunta ante las autoridades del Gobierno de Mendoza, para hacer valer los derechos mineros previos. Luego de casi tres años el Congreso de Mendoza sancionó, el 3 de enero de 1997, la Ley 6459, que autoriza la exploración y explotación dentro del área de los derechos mineros previos a la ampliación.
En los últimos tres años, una actitud similar del gobierno y legislatura, restituyendo el derecho, sería imposible, a pesar que la preparación, potencial demagógico y hasta las personas son prácticamente las mismas. Sin embargo, algo ha cambiado en estos últimos años.
Desde hace pocos años, se han incrementado las tendencias anárquicas de nuestra sociedad, promoviendo el nacimiento de nuevos actores corporativos que operan mediante la acción directa y la extorsión piqueteras, para obtener prebendas para si, para sus dirigentes o beneficios no confesos para actores y promotores encubiertos. Es el caso de los grupos “antimineros”, que detrás del “fundamentalismo ambientalista” (Carotti, 1998) combaten el desarrollo regional, beneficiando a corporaciones agrícolas que usufructúan sistemas laborales precarios de baja productividad. Estos grupos también son promovidos y usados para dirimir luchas internas de poder entre diferentes facciones partidarias, desde el gobierno o de la oposición.
El daño producido al sector minero, la limitación de los derechos de propiedad promovido por los grupos “antimineros”, no es mas que la lógica reacción de los gobiernos provinciales ante nuevos grupos corporativos que nacen anárquicamente y extorsionan con su accionar directo a toda la sociedad. La promulgación de leyes que limitan el derecho de propiedad minera no es más que la ley política aplicada bajo la presión de grupos corporativos.
De mas está decir que intentar explorar Santa Clara bajo estas condiciones es inviable, por más que la ley 6459, así lo habilite.
Nuevas barreras de entrada.
Según propias palabras de Hayek: “....la competencia, ... es el único método que permite a nuestras actividades ajustarse a las de cada uno de los demás sin intervención coercitiva o arbitraria de la autoridad. En realidad, uno de los principales argumentos a favor de la competencia estriba en que ésta evita la necesidad de un “control social explícito” y da a los individuos una oportunidad para decidir si las perspectivas de una ocupación particular son suficientes para compensar las desventajas y los riesgos que lleva consigo”.
En un ámbito de libre concurrencia, el universo de actores económicos puede ser concebido como una pirámide, donde en la vertical se ordenan por tamaño, con pequeños y numerosos actores en su base y escasos y poderosos actores en su cúspide. Por la base entran los nuevos actores, las ideas y negocios van madurando y ascendiendo hasta que son tomados por las grandes corporaciones, o se convierten en fuente de movilidad de los mismos actores. El desarrollo de toda actividad está dada en mantener barreras de entrada lo mas bajas posibles para promover la incorporación de actores con nuevas ideas y negocios, que alimenten a los actores ya incorporados e incluso se conviertan en factor de movilidad de los mismos. Para la minería en particular, por cada Barrick o Rio Tinto en la cúspide, debe haber numerosas Exeter, Intrepid o Viceroy en el medio y un sinfín de exploradores independientes en la base.
Estamos frente a dos concepciones antagónicas del Estado, el Estado como árbitro entre corporaciones o el Estado como promotor y garante de las libertades individuales. Para el Estado corporativo, donde el mismo y su burocracia devienen en corporación, la abundancia de actores individuales, sujetos a las elementales reglas de mercado, se convierte en algo incomprensible e inmanejable. El estado corporativo requiere pocos interlocutores identificables, y a su modo de ver, predecibles; para ello establece barreras de entrada de modo tal de reducir la incorporación de nuevos actores e incluso expulsarlos, reduciendo la competencia.
Persiguiendo al “especulador”.....
Hemos escuchado numerosas veces a autoridades mineras provinciales sobre su intención de limitar el acceso a la propiedad a los “especuladores”, en un intento de reducir el número de actores, con la intención de que sólo queden los considerados “serios”. Incluso han llegado a instalar mecanismos de “agilización” de trámites, para poder limpiar el padrón de estos indeseados individuos. Independientemente que esta idea contradice el espíritu y la letra del CMN, atenta contra las bases de la sana competencia y priva a la actividad de una fuente rica en ideas y negocios mineros. Numerosos proyectos han sido elaborados, cubiertos legalmente, mantenidos, promovidos y hoy son parte de la cartera de proyectos de varias empresas, gracias a los “especuladores”. De hecho, existiendo la posibilidad de libre acuerdo entre las partes, no conozco ningún caso en que la dispersión de derechos mineros entre muchos propietarios, haya sido un obstáculo para la exploración minera.
Protección ambiental y las nuevas cabinas de “peaje”
La Ley N° 24.585, de Protección Ambiental, dice textualmente en su Art. 9º: “La autoridad de aplicación se expedirá aprobando o rechazando en forma expresa el Informe de Impacto Ambiental en un plazo no mayor de sesenta (60) días hábiles desde que el interesado lo presente.”
Las autoridades de aplicación provinciales han incorporado numerosas instancias de consulta y opinión, convirtiendo un trámite que según la ley debiera hacerse en 60 días, en una carrera de obstáculos de tiempo indefinido y futuro incierto. Se han incorporado nuevos actores y opinadores, desde ONGs, pasando por municipios, consultas populares, asambleas y organismos técnicos de todo tipo. Cada nueva instancia se convierte en una otra “cabina de peaje” por donde el proyecto debe pasar, abriendo las puertas a prácticas extorsivas.
Obtener la Declaración de Impacto Ambiental se ha convertido en un proceso lento, de resultado y costo incierto, sin que ello dependa necesariamente de las virtudes ambientales del proyecto, una tarea que debe ser repetida ante cada una de las etapas del mismo.
La anarquía federal y la Nación ausente.
Poco a poco el mapa del país se va llenando de provincias con políticas antimineras. Los grupos de acción directa van migrando y expandiendo su piqueterismo ambientalista, al servicio de empresarios agrícolas, de internas políticas o de delirios militantes. Se convierten en grupos corporativos que presionan a los gobiernos provinciales que, cediendo ante la extorsión o por convicción demagógica, establecen normas legales que limitan o destruyen los derechos de propiedad mineros.
Ante el avance de la antiminería, el Gobierno Nacional no hace absolutamente nada. Sigue manifestando estar a favor del desarrollo sustentable de la minería, se regodea en las cifras de exportación, empleo, metros perforados, etc., mientras se sigue atentando contra los derechos de propiedad, van cayendo los proyectos y más provincias se cierran a la exploración minera.
Incremento de costos, incertidumbre y TIR.
En los últimos 10 años, el incremento de cánones y tasas provinciales ha superado ampliamente el de cualquier otro impuesto nacional o provincial, sin embargo, los costos indirectos, de difícil predicción, son los que generan la mayor incertidumbre.
Se pueden prever gastos normales en asesoramiento legal y estudios ambientales, cuando los trámites y procedimientos legalmente establecidos se respetan. En la práctica, cuando los procedimientos son impredecibles, y se suman continuamente nuevas instancias, actores y “cabinas de peaje”, el costo real de asesoramiento legal, ambiental, de imagen y relaciones públicas, además de los costos implícitos en demoras administrativas son difíciles de estimar. Cuando los inversores perciben un mayor riesgo, reaccionan exigiendo al proyecto un incremento de la TIR , lo que aumenta la ley de cabeza, destruyendo parte del mineral.
La sola posibilidad de que se incrementen las regalías, o se instauren retenciones a la exportación, agrega un factor de incertidumbre tal que pone en riesgo cualquier intento de factibilidad. Gran parte de la sociedad y la clase política están convencidos que las regalías salen de las ganancias de las empresas. Sabemos perfectamente que las regalías son un costo, y que su existencia e incremento, lo único que generan es la elevación de la ley de cabeza, disminuyendo la vida del proyecto. Eso significa menos años pagando sueldos, impuestos y consumiendo bienes y servicios, destruyendo el valor del mineral de menor ley, que no podrá ser explotado.
CRECIMIENTO O DESARROLLO?
El desarrollo de toda actividad económica y más aún la minería, requiere un marco de reglas claras, estables y de cumplimiento posible. Un ambiente competitivo, con bajas barreras de entrada, libre contratación entre las partes y protección de los derechos de propiedad, asegura la permanente generación de proyectos con la concurrencia de numerosos actores invirtiendo sus recursos. De esa forma, los riesgos quedan limitados a los propios de la actividad de exploración, explotación, a las buenas artes de los actores, a la bendición de la naturaleza, y a las variaciones de cotización en los mercados.
Estas condiciones no son el marco en que la minería argentina está creciendo. El ambiente actual comprende limitaciones al derecho de propiedad, la posibilidad de que en cualquier momento surjan nuevas limitaciones, el accionar extorsivo de los actores corporativos, el surgimiento anárquico de nuevos actores, incertidumbre respecto a los plazos, interlocutores y exigencias ambientales, instaurando nuevas “cabinas de peaje”, la ausencia del Estado Nacional acotando los dislates de algunos gobiernos provinciales, incremento e incertidumbre en los costos. El resultado es una disminución de las provincias y territorios donde se puede explorar y un permanente incremento de la TIR exigida a los proyectos, con la consiguiente destrucción de parte del mineral.
Seguimos inmersos en un sistema corporativista donde la discrecionalidad del Estado asigna ganadores y perdedores, transfiriendo riqueza a los sectores privilegiados merced a la utilización de la ley como herramienta política.
En los últimos 60 años, la economía argentina ha sufrido ciclos “stop and go”, limitados por estallidos de déficit público, default, inflación y devaluación. Estallidos donde no necesariamente están presentes los cuatro componentes como a fines del 2001 – principios del 2002, pero al menos dos de ellos son omnipresentes. Sin embargo, el ciclo minero es mucho más extenso y responde a los pulsos de inversión extranjera directa, promovida por políticas públicas favorables a la inversión externa de riesgo. Antes de los 90, el ciclo anterior fue a fines del siglo XIX, principios del XX y la herencia de ese período fueron las minas Aguilar y Pirquitas entre otras. Actualmente el ciclo se está agotando, sólo persiste en algunas provincias y depende de la buena predisposición de alguna gestión provincial, cuyos dirigentes pueden ser reemplazados por la oposición en cualquier momento.
Si seguimos por este camino, en el futuro próximo estaremos con tres o cuatro grandes proyectos maduros en explotación, algunas minas medianas a pequeñas en producción y una cantidad limitada de proyectos localizados en escasas provincias favorables. Una vez agotado el presente ciclo, esperemos que no deban transcurrir otros 80 años para que la minería vuelva a crecer, y que esta vez, el crecimiento se convierta en desarrollo.
REFERENCIAS
- Carotti, Martín, 1998. Ventaja competitiva en la exploración minera. X Congreso Latinoamericano de Geología - VI Congreso Nacional de Geología Económica, Actas III: 8-12. Expuesto en argentina Mining 2000.
- Hayek, Friedrich A., 1944. Camino de servidumbre. Alianza Editorial, Madrid (2006).
- Vargas Llosa, Alvaro, 2004. Rumbo a la libertad. Por qué la izquierda y el “neoliberalismo” fracasan en América Latina. Planeta, Buenos Aires.
Mi agradecimiento al economista, Dr. Juan Carlos de Pablo, por la lectura crítica y comentarios.
