La crisis nos ha golpeado, y muy fuerte, impactando a las empresas mineras en varios flancos, con baja de los metales (excepto el oro), y desaparición del financiamiento. Los proyectos se atrasan y las oficinas se cierran, tanto por falta de recursos, o porque algunas empresas que lo disponen, se han “sentado” sobre su capital, a la espera de buenas oportunidades de adquisición - toma de control de proyectos, o ante la incertidumbre sobre la duración de esta crisis.
Sin embargo, el gobierno nacional ha salido en “nuestra ayuda”, reglamentando el blanqueo de capitales, que regirá desde el 1 de marzo y cerrará el 31 de agosto. Durante esos seis meses quedará abierta la posibilidad de declarar ante el Fisco todos los bienes y otros valores que hubieran permanecido "en negro". Esto abarca tanto a los depósitos en bancos del exterior como al dinero que está dentro del país pero fuera del circuito financiero; una buena parte en las cajas de seguridad.
Según la norma, no será posible transferir cualquier tenencia monetaria: "será condición necesaria que las entidades extranjeras en las cuales se hayan realizado los depósitos (que se quieran blanquear) se encuentren radicadas en países que cumplan normas o recomendaciones internacionalmente reconocidas en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo". En cuanto al origen del dinero que está en el país, sólo exige una declaración jurada, dando un fuerte incentivo al movimiento de valijas.
Gracias a esta norma, capitales de dudoso origen estarán disponibles para realizar inversiones; no nos llame la atención que en parte se encaucen hacia la minería.
Menos inversores, de peor calidad....
Numerosas empresas mineras que han nacido con proyectos argentinos, ya han licuado su participación en la exploración local, tomando posición en Chile, Perú, Brasil, Méjico y hasta en USA y Canadá. Lo han hecho por la inseguridad jurídica y la permanente amenaza del piqueterismo ambientalista. La obtención de la Declaración de Impacto Ambiental se ha convertido en un proceso lento, de resultado y costo incierto, con incorporación de numerosas instancias de consulta y opinión, convirtiendo el trámite en una carrera de obstáculos de tiempo indefinido y futuro incierto, donde cada nueva instancia se convierte en otra “cabina de peaje”, abriendo las puertas a prácticas extorsivas.
Ya hemos visto el efecto de la intervención del Estado con cataratas de normas y regulaciones, o su ausencia, permitiendo prácticas extorsivas de gremios, autoconvocados, piqueteros varios, etc., sobre las actividades económicas, en la industria petrolera, generadores y distribuidores de gas y electricidad, aeronavegación comercial, etc. Desde hace seis años los inversores externos están reduciendo su participación en Argentina, y son reemplazados por inversores locales. Y el efecto no es sólo cuantitativo, los inversores de mejor calidad se retiran y son reemplazados por empresas de menor solvencia técnica y hasta por aventureros de fluidos contactos.
La discrecionalidad del Estado, y su inacción frente a la extorsión ambientalista, se convierten en instrumentos para promover la huida de inversores serios, abriendo la puerta a capitales de dudoso origen y aceitados contactos oficiosos, que podrían obtener participación en los proyectos, a cambio de su “capacidad de gestión”.
Sin embargo, el gobierno nacional ha salido en “nuestra ayuda”, reglamentando el blanqueo de capitales, que regirá desde el 1 de marzo y cerrará el 31 de agosto. Durante esos seis meses quedará abierta la posibilidad de declarar ante el Fisco todos los bienes y otros valores que hubieran permanecido "en negro". Esto abarca tanto a los depósitos en bancos del exterior como al dinero que está dentro del país pero fuera del circuito financiero; una buena parte en las cajas de seguridad.
Según la norma, no será posible transferir cualquier tenencia monetaria: "será condición necesaria que las entidades extranjeras en las cuales se hayan realizado los depósitos (que se quieran blanquear) se encuentren radicadas en países que cumplan normas o recomendaciones internacionalmente reconocidas en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo". En cuanto al origen del dinero que está en el país, sólo exige una declaración jurada, dando un fuerte incentivo al movimiento de valijas.
Gracias a esta norma, capitales de dudoso origen estarán disponibles para realizar inversiones; no nos llame la atención que en parte se encaucen hacia la minería.
Menos inversores, de peor calidad....
Numerosas empresas mineras que han nacido con proyectos argentinos, ya han licuado su participación en la exploración local, tomando posición en Chile, Perú, Brasil, Méjico y hasta en USA y Canadá. Lo han hecho por la inseguridad jurídica y la permanente amenaza del piqueterismo ambientalista. La obtención de la Declaración de Impacto Ambiental se ha convertido en un proceso lento, de resultado y costo incierto, con incorporación de numerosas instancias de consulta y opinión, convirtiendo el trámite en una carrera de obstáculos de tiempo indefinido y futuro incierto, donde cada nueva instancia se convierte en otra “cabina de peaje”, abriendo las puertas a prácticas extorsivas.
Ya hemos visto el efecto de la intervención del Estado con cataratas de normas y regulaciones, o su ausencia, permitiendo prácticas extorsivas de gremios, autoconvocados, piqueteros varios, etc., sobre las actividades económicas, en la industria petrolera, generadores y distribuidores de gas y electricidad, aeronavegación comercial, etc. Desde hace seis años los inversores externos están reduciendo su participación en Argentina, y son reemplazados por inversores locales. Y el efecto no es sólo cuantitativo, los inversores de mejor calidad se retiran y son reemplazados por empresas de menor solvencia técnica y hasta por aventureros de fluidos contactos.
La discrecionalidad del Estado, y su inacción frente a la extorsión ambientalista, se convierten en instrumentos para promover la huida de inversores serios, abriendo la puerta a capitales de dudoso origen y aceitados contactos oficiosos, que podrían obtener participación en los proyectos, a cambio de su “capacidad de gestión”.
