OIKOS presiona a los legisladores mendocinos

Eduardo Sosa, titular de OIKOS Red Ambiental ha escrito una carta abierta a los legisladores provinciales que analizarán el proyecto San Jorge, donde pone en evidencia la precariedad de sus razonamientos y da algo de luz sobre los objetivos de su organización.

Sosa habla de economía:

“Sabido es que la empresa San Jorge pretende llevar adelante este proyecto minero sin el suficiente capital de respaldo que le permita obtener los créditos necesarios para ejecutar la explotación de la mina; más bien se trataría, ni más ni menos, de una especulación financiera que busca, con la ratificación legislativa de la Declaración de Impacto Ambiental (D.I.I.), obtener un alza de los valores que cotizan en bolsa, a fin de conseguir un comprador para el proyecto, ...... NADIE EN EL MUNDO DE LOS NEGOCIOS PUEDE OBTENER UN PRESTAMO SI NO PUEDE RESPONDER SIQUIERA POR EL 10 % DE LA INVERSION PRETENDIDA, y esto es lo que sucede hoy con Minera San Jorge, subsidiaria de la canadiense CORO Mining".

Razonamiento que sólo puede ser producto de la combinación de ignorancia, precariedad intelectual y prejuicio ideológico, como vimos en QUEREMOS UN GRAN HERMANO?, que nos muestra una visión corporativa, con un Gran Hermano “orweliano” que prejuzga la capacidad de las personas, limitando nuestra libertad y diciéndonos qué debemos y podemos hacer, un sistema de desigualdad ante la ley, una visión fascista del mundo.

También habla “del casi nulo efecto sobre la economía regional y la demanda laboral”, sin tener en cuenta que el proyecto implica un 4,4% de incremento del PBG en forma directa, más otro 5,6% en forma indirecta, un 10% de impacto total, dejando en impuestos, más del 50% de sus ventas .

Para la etapa de construcción se prevén picos de empleo de 3.900 puestos entre directos e indirectos, unos 400 empleos directos durante la explotación, y alrededor de 1.900 indirectos, de los proveedores de bienes y servicios.

Sosa debe saber de medio ambiente, pero olvida.....

Que la mina Bajo de La Alumbrera, la más grande del país, produce 5 veces más cobre que lo previsto

en San Jorge, y también lo extrae por flotación, desde hace 13 años en Catamarca. La Fundación Centro de Estudios Infectológicos (FUNCEI) ha elaborado el informe “Programa de Evaluación del Estado Sanitario en Zonas de Influencia de Actividad Minera en la Provincia de Catamarca”. El estudio, luego de diez meses de trabajo, ha determinado que no hay evidencia alguna de contaminación minera que afecte la salud de la población, ni en Catamarca, ni en la planta de filtros de Tucumán. El titular del FUNCEI, el Infectólogo Dr. Daniel Stamboulian declaró: "Con los datos que hoy en día contamos podemos decir que no encontramos evidencia de contaminación ambiental (ocasionada por la minería) que perjudique directamente la salud de la población".

Y sigue con difusas acusaciones

El resto de la carta muestra acusaciones vagas e imprecisas, sin detallar información, ni cuáles son los “falaces argumentos” que “tambalearon frente a los argumentos sostenidos desde otros ámbitos”, ámbitos que no son mencionados. Tampoco indica quienes son los profesionales que incurrieron en “groseras irregularidades”, que de existir merecerían la intervención de sus pares en los respectivos colegios profesionales.

Denuncias y sospechas muy poco consistentes, si se basan en información y razonamientos de la misma calidad que sus argumentos económicos, o en la omisión del informe del FUNCEI, que no puede dejar de conocer.

Los proyectos no se archivan....

Llega incluso a sugerir que “el proyecto merecía ser archivado por sus notables desaciertos”, confundiendo el proyecto con la D.I.A., como si la no aprobación de esta, implicara que el proyecto es “archivado”. En tal caso, basta con presentar otro I.I.A., comenzando nuevamente los trámites y logrando aquello en lo que OIKOS se destaca, obstaculizar y demorar, promoviendo el subdesarrollo y el atraso.

Que persigue OIKOS?

Dejando de lado la ignorancia sobre temas económicos, la omisión de antecedentes ambientales relevantes, las acusaciones sin sustento y la amenaza de más acciones judiciales, como meros instrumentos; OIKOS parece seguir al pié de la letra el “Manual de la Internacional Antiminera”, de donde podemos extraer:

“Es mucho más fácil prevenir la embestida de las empresas ANTES de que se lleve a cabo la exploración”.

“Una impugnación legal a un proyecto envía un mensaje poderoso a la empresa, a sus accionistas y a autoridades gubernamentales, y a veces puede detener el proyecto o demorarlo considerablemente....”

“El propósito es dificultar las cosas para la empresa, retrasar el trabajo y hacer que el proyecto sea más costoso....”

“... puede presionar al gobierno o a la empresa para que elabore un nuevo EIA, lo cual retrasará aún más el proyecto y lo hará mucho más caro. Señalar los defectos del estudio puede proporcionar bases legales para detener el proyecto.”

“Encuentre y presente a funcionarios gubernamentales tantos errores técnicos y legales como sea posible, y motivos para rechazar el EIA.”

“Si descubre que la empresa ha cometido errores de procedimiento, presente casos legales para anular sus concesiones. Si eso fracasa, busque un amparo constitucional contra la empresa y/o el gobierno, sobre la base de una violación legal o constitucional. Si esto fracasa y si tiene buenos fundamentos, puede demandar al gobierno por violación de la legislación sobre minería u otras leyes.”

Y el manual destaca: “Esta es una lucha política y usted no puede confiarse solamente en argumentos técnicos.”

Ahora sí,..... va quedando todo claro...., una estrategia judicial que abre la puerta a prácticas extorsivas, y puede ser muy fructífera para algunos estudios jurídicos..........